La ACLU encuestó a alrededor de 200 organismos estatales y locales responsables de velar por el cumplimiento de la ley en todo el país y reveló que solo un pequeño porcentaje de estas agencias obtiene órdenes judiciales basadas en causas probables antes de establecer escuchas a teléfonos celulares de usuarios estadounidenses, informa The Washington Post.
A su vez la Policía de Washington reconoció haber usado los datos de teléfonos celulares y se negó a hacer públicas las normas legales que utiliza para obtener datos sobre la ubicación de los ciudadanos, diciendo que se trata de información confidencial.
Actualmente el Congreso está considerando un proyecto de ley bipartidista que exigiría a la Policía obtener obligatoriamente una orden judicial para realizar una vigilancia de los teléfonos móviles o dispositivos con GPS, así como prohibir que las compañías telefónicas difundan datos de sus clientes sin permiso.
«La falta de claridad jurídica en torno a la utilización de los datos obtenidos por la vía electrónica significa que no hay reglas claras de cómo estos datos pueden ser utilizados”, comentó el senador Ron Wyden, al introducir el proyecto de ley el pasado mes de junio.