«El hecho en cuestión es doblemente grave pues la víctima había testificado en contra de un grupo criminal enquistado dentro de la policía provincial. Las consecuencias institucionales de este accionar abusivo son enormes y exigen ser reparadas para llevar tranquilidad a la sociedad chubutense toda», señaló Garré.
Además, explicó que «ante semejante aberración, los funcionarios públicos estamos obligados a una reflexión acerca de las derivaciones del comportamiento corporativo en las fuerzas de seguridad y policiales en cualquier jurisdicción».
La titular de la cartera de seguridad nacional resaltó «la necesidad de terminar con el autogobierno de las policías, e instrumentar sistemas de control y fiscalización desde el poder político que sean implacables con los encubrimientos corporativos».
«No debemos dejar pasar delito alguno cometido por personal policial, ni subestimar las consecuencias que tiene la corrupción para la propia institución y por tanto para todo sistema de seguridad», dijo.
Finalmente, aclaró que «el Gobierno Nacional está convencido de que la primera exigencia para conjurar el delito es no tener policías delincuentes ni tolerar prácticas corporativas que los amparen y protejan», y dijo que está a disposición la línea telefónica gratuita nacional 0800 555 5065, que recepciona «denuncias anónimas de ciudadanos».