Sobre el papel, el objetivo de esta inyección económica es lograr que los bancos y cajas puedan ahora dar crédito a las familias y empresas que se hallan necesitadas de dinero, es decir, que esa aportación de liquidez revierta en la economía real. Sin embargo, hay motivos para desconfiar de que eso realmente vaya a suceder, y lo ocurrido el pasado mes de diciembre, cuando los fondos no llegaron a su destino, es uno de ellos. Así, los analistas dan por hecho que la mayor parte de esos 529.531 millones de euros servirán para «sanear los balances» de las entidades perceptoras y, sobre todo, para que estas puedan comprar deuda soberana de algunos países a un interés mucho más alto del que ellas van a tener que abonar al BCE. Se trata de un negocio redondo y una paradoja desde el punto de vista de las instituciones europeas, ya que mientras están destinando ingentes cantidades de dinero para «rescatar» a países afectados por la crisis de la deuda, financian a un bajo coste a los bancos para que puedan comprar esa misma deuda con un interés mucho más alto del que les hacen pagar. Es, en definitiva, una transferencia de dinero público a bolsillos privados.
En un escenario de contracción económica y de recortes sociales y de derechos, destinar esa cantidad de dinero a favorecer los negocios de los bancos no es aceptable. En tres meses el BCE ha prestado un billón de euros y al menos debería tener la garantía de que acabarán en manos de quienes realmente lo necesitan.