En total, “suprimimos o desinvertimos en 80 sociedades –de las 228 existentes- y en nueve fundaciones estatales», explicó la vicepresidenta.
La funcionaria aclaró que en la mayoría de los casos se trata de empresas que tenían más personal directivo y consejeros que trabajadores, por lo que minimizó el alcance de los despidos.
La decisión de «podar» el sector público fue una de las primeras medidas que anunció el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, con el objetivo de reducir el elevado déficit público del 8,5% de 2011 al 5,3% comprometido recientemente con la Unión Europea (UE).
Según detalló Sáenz de Santamaría, el plan del Ejecutivo contempla la extinción de 24 sociedades mercantiles estatales (con participación pública mayor al 50%), es decir, el 17% del conjunto del sector público empresarial.
Las empresas eliminadas no tenían “ningún interés público”, remarcó.
Entre las sociedades afectadas figuran la Sociedad Pública de Alquiler, creada por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez
Zapatero, así como Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, Remolques Marítimos S.A. o la Sociedad de Venta de Loterías.
También se desinvierte a través de la venta de acciones en otras ocho sociedades, y se impulsa la liquidación de 13 sociedades mercantiles más que ya se estaban en proceso de desaparición, como es el caso de Barcelona Holding Olímpico o Izar.
El plan en su conjunto afecta a 45 sociedades mercantiles, el 32% del total. En los casos de empresas en las que la participación pública es minoritaria, se prevé la desinversión en 35 sociedades.
La vicepresidenta no dio la cifra de ahorro que supondrá para el Estado esta medida, pero indicó que se eliminarán 154 consejeros, lo que equivale a un ahorro de más de 1 millón de euros en dietas al año.
Al argumentar la decisión del Ejecutivo de podar el sector público, Sáenz de Santamaría se refirió a criterios de racionalidad y eficacia, y puso como ejemplo el caso de la sociedad “Carmen, la comida de España 1992”, una empresa creada para fomentar e impulsar la dieta española.
«Para esto de las comidas ya no estamos”, dijo Sáenz de Santamaría, al tiempo que agregó que el sector público tampoco está para “mantener restos del pasado».
Los gobiernos regionales y municipales, que acumulan grandes deudas, tiene orden de hacer “procesos idénticos”, recordó la funcionaria.
En el caso de las comunidades, la cifra de empresas públicas es «bastante superior» y «más aún» en los ayuntamientos, apuntó la vicepresidenta, que elevó la cifra total a 2.372 empresas públicas, 626 fundaciones y 1.055 consorcios.