Las querellas fueron interpuestas al Tribunal de Garantía de Coyhaique, sin embargo, por un error en la forma como se presentó el documento, se devolvió y se dio un plazo de tres días hábiles para volver a presentarlo de forma correcta.
El documento, al que tuvo acceso teleSUR, se detallan los nombres de los acusados de «desorden social, violencia y ruptura del orden público».
«Se ha sindicado e individualizado a los activistas más ultras. Nunca ha sido una acción judicial dirigida contra los dirigentes sociales», indicó.
Hinzpeter aclaró también que «esta no es una acción judicial contra una región» e indicó que el Gobierno está dispuesto a retornar a la mesa de negociaciones.
Según las normas, el tribunal cuando reciba el documento correcto, cuenta con 24 horas para resolver la querella y luego de esto la causa podría pasar al Ministerio Público para que un fiscal inicie la respectiva investigación.
El Gobierno de Chile anunció el jueves que desde la noche se aplicaría en la región de Aysén (sur) la Ley de Seguridad de Estado, usada durante la dictadura de Augusto Pinochet para actuar contra las manifestaciones que llevan a cabo los pobladores en demanda de una mejor calidad de vida y a una salida.
La noticia fue dada a conocer por el vocero del Gobierno chileno, Andrés Chadwick, quien justificó la legislación expresando que durante el día un bus de Fuerzas Especiales y un carro lanzaguas de Carabineros fueron “incendiados” supuestamente por manifestantes.
Los habitantes de Aysén llevan más de tres semanas de protestas en la que los habitantes exigían un subsidio para combustibles y mejoras en la calidad de vida.
Esta región enfrenta una conectividad compleja donde grandes montañas se enlazan con canales patagónicos compuestos por centenares de islas e islotes deshabitados y pequeños poblados de muy difícil acceso.
La dificultad para el transporte hace que los combustibles, frutas y verduras cuesten en promedio un 40 por ciento más que en otras regiones de Chile.