En las definiciones, un acto terrorista se describe como aquel «cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo; desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional».
*Los atentados contra la vida e integridad física de las personas
*El secuestro y la toma de rehenes; causar destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones privadas o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas de información, que puedan poner en peligro vidas humanas o causar perjuicios económicos.
*La fabricación, tenencia, adquisición, transporte o suministro de armas y explosivos.
*La liberación de sustancias, provocación de incendios, inundaciones o explosiones para poner en peligro vidas humanas.
*El apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías.
El debate político
Diputados de la oposición, como Eduardo Gómez Sigala, condenaron la iniciativa argumentando que ésta «tiene el propósito de intimidar a la población, para que pueda hacer uso y abuso de ella (de la ley)» y «para perseguir a la disidencia y a quienes piensan distinto».
Wiliam Dávila, de Acción Democrática, expresó que estaba de acuerdo con la aprobación de la ley, pero que la denominación de la misma debería acoplarse a la de la Convención de la ONU Contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo.
«De manera tal que es una cuestión de acoplar términos, porque si estamos hablando de que vamos a seguir lo que dicen los tratados internacionales, por qué no seguir precisamente la definición mundial que existe sobre la materia», opinó Dávila.
Andrés Eloy Méndez, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), respondió que la normativa incorpora el espíritu de las 14 resoluciones aprobadas en la ONU sobre la materia, y que en realidad el tema del financiamiento es lo que incomoda a los sectores opositores.
«¿Qué es lo que le preocupa a los sectores de la oposición? Que se tipifique el financiamiento a actos terroristas como conducta punible, que no está tipificado, pero además que se castigue si se lleva a cabo o no el acto terrorista. Los que metieron a los paramilitares en la finca Daktari (en El Hatillo, estado Miranda), indistintamente de que éstos no llegaron a Miraflores (palacio de gobierno), por supuesto que son unos delincuentes», amplió Méndez.
Otro pero a la ley tiene que ver con la creación de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada, la cual, desde la óptica de la oposición, le restaría competencias al Ministerio Público en la materia.
Javier Morales (Psuv) defendió que la citada oficina pretende darle el mayor rango gubernamental al combate contra la delincuencia organizada, «pero no quita funciones al Ministerio Público en su función de investigar e imputar cualquiera de estos delitos, así como la Oficina Nacional Antidrogas tampoco interfiere con las competencias de la Fiscalía en ese marco de competencias».