El pasado fin de semana los habitantes de centenares de ciudades de Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Polonia, Bulgaria, Austria, Finlandia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, a pesar del frío, salieron a las calles para protestar por el nuevo Acuerdo Comercial Anti-Falsificación ACTA (del inglés Anti-Counterfeiting Trade Agreement).
El documento empezó a elaborarse en 2006. EEUU, Japón y la Unión Europea confeccionaron a puertas cerradas el acuerdo, que después de Tokio y Washington fue firmado a fines de enero por la Comisión Europa y los representantes de ventidos países de la Unión Europea. Ahora ACTA debe ser ratificado por los parlamentos de los países signatarios. Pero pronto las autoridades se encontraron ante una obstinada resistencia por parte de la población.
ACTA prevé multas considerables e incluso la cárcel por cualquier violación a los derechos de propiedad intelectual. Además obliga a los participantes del mercado, por ejemplo a los proveedores, contribuir a relevar a los infractores. El acuerdo se extiende no sólo a los artículos virtuales, sino también a cualquier otro tipo de productos, particularmente los medicamentos patentados.
Estos puntos del documento preocupa a los europeos que consideran que ahora sus derechos y libertades pueden quedar seriamente afectados. Es que incluso los aduaneros en la frontera tendrán el derecho a revisar el equipaje para determinar si hay artículos copiados ilegalmente o incluso comprados legalmente, pero falsificados por fabricantes, dice el redactor-jefe de la revista Zhelezo, Andrei Majailiuk:
− Una cosa es si esto tiene lugar en Internet. Por ejemplo, de un servidor en EEUU que pasa algo a un servidor en Turquía. Pero otra cosa diferente es que la información esté dirigida, por ejemplo, a su Notebooks. Si en el primer caso el control es posible y es bastante transparente, en el segundo, cuando se revisan la pertenencia de un pasajero que digamos, vuela de Turquía a EEUU, esto naturalmente supone una gran incomodidad.
El acuerdo ACTA ya fue bautizado como “hermano menor” de los proyectos de ley norteamericanos SOPA y PIPA, contra los cuales no hace mucho se manifestó ampliamente la opinión pública mundial. Todos ellos están llamados a defender a los titulares de derechos de propiedad intelectual y prevén al mismo tiempo, una grave intromisión en el espacio web y un menosprecio deliberado de los derechos humanos. Por lo demás, cualquier restricción es recibida con gran enfado por los usuarios, considera el analista web Askar Tuganbáyev:
− El problema central consiste en que la población no considera la información como propiedad privada, que posee un determinado valor. Pese a que la información no puede ser palpada y se puede copiar con facilidad, los gastos para su elaboración son bastante considerables. Por eso en bien del desarrollo del sector y de la sociedad en general se debe regular el tratamiento de la información y su introducción en soportes digitales.
Entretanto, muchos expertos no están de acuerdo este planteamiento. El deseo de limitar el uso del contenido web es desde un mismo principio una mala idea, supone el experto Andrei Mijailiuk:
− En realidad nos enfrentamos ahora al lobby ecuestre de principios del siglo XX, cuando los propietarios de las granjas de cría de caballos trataban de prohibir los automóviles, porque dificultaban su negocio. Y la defensa de los autores, en la medida en que se trata de practicarla actualmente, o sea pagar por el contenido concreto y no tener posibilidades de copiarlo legalmente, no puede decirse que sea anticuada, pero desde un mismo principio no está adaptada a la realidad. Lo más óptimo será revisar las relaciones entre los titulares de derechos y la persona que quiere recibir esos derechos.
Todo parece indicar que no será fácil poner en vigor el acuerdo ACTA. Las protestas sociales no permitirán tramitar el acuerdo en su aspecto actual en los parlamentos nacionales y, al igual de SOPA, se le dará un carpetazo. A propósito, la mayoría de los que manifiestan sus protestas no están en contra de una defensa razonable de los derechos de autor. Pero piden que la discusión de semejantes documentos sea abierta y que no persiga el objetivo de menospreciar los derechos de unos en aras de las ganancias ingentes de otros.