Esta ley, adoptada por mayoría de diputados, autoriza el inicio de una operación de reestructuración de la deuda griega, inédita por su envergadura en la historia financiera, con el fin de reducir la deuda pública del país heleno de 160% del PIB actual a 120% para 2020.
El objetivo de la operación es condonar 107.000 millones de euros, un poco más de la mitad de la deuda privada en manos de los acreedores privados (bancos, compañías de seguros o fondos de inversión) de los 350.000 millones de euros del total de la deuda griega.
Grecia ha iniciado una carrera contrarreloj para evitar la bancarrota el 20 de marzo, fecha en que debe reembolsar 14.500 millones de euros.
Alrededor de una cuarta parte del paquete de rescate de 130.000 millones no llegará ni siquiera a Atenas sino que se destinará directamente a los acreedores privados -bancos y aseguradoras- para que acepten el canje de bonos. Otros 23.000 millones se destinarán a recapitalizar los bancos griegos.
Los acreedores privados podrán decir que han aceptado voluntariamente pérdidas de alrededor de 70% al consentir el canje de deuda, pero están siendo pagados por ello. En cambio, los griegos no han tenido más remedio que acatar severas medidas de austeridad mientras se sumergen aún más en una recesión que dura ya cinco años.