Autor: Ernesto R. Guerra / Visor Económico
Nadie que sea intelectualmente honesto puede aceptar que en un país con 10 años de crecimiento continuo -el mayor de la historia de acuerdo a la presidenta Cristina Fernández y a los números duros- las jubilaciones mínimas sean percibidas por el 74,8 por ciento de los jubilados, equivalentes 4,3 millones de personas aunque sean 389 dólares (1687 pesos).
Tampoco es cuestión de mencionar el número de aumentos aplicados a las jubilaciones desde el año 2003, pues un gobierno que se precie de anti-neoliberal es lo que hubiera hecho, tal como lo hubiera hecho peronista no neoliberal: no es un mérito, es una obligación moral basada en la conciencia social de un cuadro militante en funciones de presidente.
Es verdad que los 30 años de gobierno neoliberal destrozaron el sistema previsional y en los últimos años han accedido a las jubilaciones y pensiones 1 millon 800 mil ciudadanos más, pero anunciar un aumento del 17,62 % como medida “cuasi-revolucionaria” es al menos una falta de ubicuidad política y solo responde al casi entendible efecto de contrarrestar críticas a sectores opositores externos y alos nuevos sectores internos.
Que se descuenten salarios por el neoliberal esperpento denominado “mínimo no imponible” presente griego cavalista sostenido por el gobierno, es al menos, una contradicción al relato de la compañera Cristina sin duda alguna. Sobre todo cuando aún no se ha tocado un solo peso de las ganancias extraordinarias de las empresas privatizadas o de los dividendos obtenidos por los accionistas de las corporaciones multinacionales o nacionales transnacionales.
También es razonable que todos los trabajadores perciban la asignación por escolaridad independientemente del salario remunerado, pues es para los niños: los únicos privilegiados. Demás está decir que el IVA del 21% es ofensivo a los habitantes de un país en cualquier modelo económico del que se adopte (incluso neokeynesiano) que grava tanto a ricos como a pobres en la misma proporción, símbolo de desigualdad social Per Se, y esto no ha sido mencionado jamás desde 2003.
Mientras tanto se han fugado en 22000 millones de dólares en el año 2011 sin frenar el drenaje por falta de instrumentos o por convencimiento político. EL gobierno perteneciente al G-20 y que practica un capitalismo basado en el trabajo argentino con inclusión social, deja remesar o fugar semejante flujo de riqueza con poca resistencia militante, aunque sí desanda el camino de los subsidios que el propio gobierno instauró.
El capitalismo salvaje en su fase global pone límites a un modelo inmerso en él, que comienza a padecer los propios límites en este tercer mandato donde la matriz económica requiere de una “sintonía fina” hacia el lado de los trabajadores y sus jubilados.