El entonces máximo dirigente de Libia fue ultimado sin juicio previo, luego de encabezar durante meses una fuerte resistencia contra los bombardeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan).
El abogado que representa a la familia del líder libio señaló que en respuesta a su solicitud, la CPI argumentó que era necesario conceder cinco meses de plazo para ver si las actuales autoridades libias pueden resolver el caso. Si esto último no sucede, entonces el órgano judicial analizará los pasos a seguir.
Desde la CPI explicaron que si las autoridades transitorias libias tienen capacidad para llevar a cabo la investigación, tienen prioridad, aunque Kauman estimó que en Libia no existe ni la voluntad ni la capacidad para hacerlo.
El abogado afirmó que las pesquisas sobre el asesinato de Gaddafi debieron iniciarse el mismo día del crimen o en el trascurso de la semana cuando ocurrió.
Kauman subrayó que para esa investigación se tendría que haber tomado muestras del lugar de los hechos y declaraciones a los testigos, efectuar pruebas balísticas y una autopsia del cadáver del líder libio.
El abogado advirtió que las dos órdenes de arresto dictadas por la CPI contra Gaddafi por supuestos crímenes de guerra fueron emitidas de inmediato, aunque se carecían de todos los argumentos para hacerlo.