«El Gobierno está titulando el 64% de 2,9 millones de hectáreas de tierras cultivables, pero el resto, un 13%, es ‘alquilado’ por gente extranjera para explotar sin aportar a nuestro país», explicó.
Dijo que el problema principal es que los extranjeros no pagan impuestos por el uso de la tierra ni tampoco se hace retenciones por sus utilidades, pero se benefician, por ejemplo, del subsidio del diésel.
Además, denunció que los predios ocupados por residentes de otras naciones están generalmente en el oriente de Bolivia, porque aprovechan el terreno alquilado para producir alimentos transgénicos y destinados sólo a la fabricación de agrocombustible.
«Estamos planteando por eso una ley específica que pueda hacer la restricción de la extranjerización de la tierra que pasa en el país como en otras naciones», manifestó.
El representante de las Oecas dijo que la normativa planteada debería velar más por una distribución de tierras a los pequeños productores y quienes tienen títulos legalmente tramitados de propiedad de terrenos.