El proyecto -impulsado por el presidente José Mujica- fue aprobado por 16 votos en 27 en el Senado, que le dio así sanción definitiva solo con los votos del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda). El proyecto ya había sido aprobado en noviembre por la Cámara de Diputados y pasó ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) prevé un gravamen anual de unos ocho dólares por hectárea para las extensiones de tierra entre 2.000 y 5.000 hectáreas; de 12 dólares por hectárea para extensiones entre 5.000 y 10.000 hectáreas, y de 16 dólares por hectárea para las propiedades superiores a las 10.000 hectáreas.
En su exposición de motivos, el proyecto sostiene que en dólares corrientes el valor de la hectárea se multiplicó por nueve en 20 años, y que en dólares constantes se multiplicó por cuatro, y señala que esta valorización de la tierra no se reflejó a nivel fiscal.
Según los cálculos del gobierno, el nuevo impuesto afectará a menos de 1.500 de los más de 50.000 productores que tiene el país, que poseen un tercio de las 17 millones de hectáreas cultivables o productivas de todo el territorio.
Para el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), José Bonica, aunque en términos relativos los propietarios afectados no son muchos, “este impuesto trasciende a esos dueños de tierra y a los demás propietarios de tierra de menor superficie”.
“El clima de negocios en Uruguay formalmente ha cambiado. Porque el gobierno se aparta de sus propios dichos dejando de lado normas claras y estables que brindaban confianza. Esta confianza fue uno de los motivos principales por los cuales el agro creció en los últimos siete u ocho años mucho más o tanto como en los 30 o 40 años anteriores, generando puestos de trabajo especialmente en aquel sector del país que siempre había quedado relegado: el interior”, aseguró.
Por su parte, el presidente de la Federación Rural, que agrupa a las sociedades rurales del interior del país, Miguel Sanguinetti, indicó que estudiarán “minuciosamente” el impuesto para ver si es posible impugnarlo.
Sanguinetti dijo a El País digital que “mientras en Argentina y Brasil apoyan al agro”, en el marco de una crisis internacional, en Uruguay se aprueba “un nuevo impuesto”.
“Quiere decir que estamos todos locos”, sostuvo.
El gobierno estima que el impuesto permitirá recaudar unos 60 millones de dólares anuales que serían destinados a obras de acceso o de vías rurales en los departamentos del interior del país.