Por primera vez en 32 años, la Corona española dio a conocer cómo distribuye la asignación establecida en los Presupuestos Generales del Estado, cercana a los 8,5 millones de euros anuales, refiere la agencia de noticias Prensa Latina.
Juan Carlos de Borbón recibió esa suma en 12 mensualidades, sujetas a una retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 40%, anunció el secretario general de la Casa del Rey, Alfonso Sanz.
La reina Sofía y la princesa Letizia, esposa del heredero de la Corona, y las infantas Elena y Cristina, hijas de los reyes, percibieron en 2011 unos gastos de representación anuales conjuntos de 375 mil euros, los cuales «distribuye libre y discrecionalmente el Rey cada año, en virtud de la voluntad del soberano», dijo Sanz.
El conjunto de la dotación y gastos de la Familia Real asciende a 814 mil 128 euros, una partida que representa 9,65% del presupuesto general de la Casa y que representa 15% menos respecto a 2010.
El Gobierno español fija anualmente una partida para cubrir las necesidades de la Casa Real, la cual es aprobada por el Congreso para que luego el monarca la distribuya a su discreción, sin obligación legal de ofrecer una rendición pública, lo cual no se había producido hasta este año.
Sindicatos rechazan la medida
Este jueves, las dos principales centrales obreras españolas se reunieron para evaluar una estrategia para enfrentar la decisión del gobierno de Rajoy de congelar el salario mínimo, medida que ya recibió respaldo patronal.
El secretario Confederal de Acción Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Ramón Gorriz, desde Madrid reveló a la agencia de noticias argentina Télam que la directiva de la organización «analiza los alcances de ésta y otras medidas que ya se anuncian» y que, además, «nuestro Consejo Federal estudiará eventualmente medidas de rechazo gremial».
«De todas maneras, esa posibilidad estará dada en relación con la marcha de las negociaciones que mantenemos con las nuevas autoridades del área laboral», aclaró el dirigente.
«La decisión del gobierno de Rajoy de congelar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 641,40 euros, nos retrocede al año 1966 en que se creó», señaló el dirigente.
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de la Unión General de Trabajadores (UGT), Toni Ferrer, indicó que la medida gubernamental agudizará la caída de la demanda interna como consecuencia del descenso del consumo y de la inversión.
«Los salarios tienen que crecer de forma moderada para estimular la inversión y el consumo, aunque sería inútil un crecimiento moderado si no existe un control de los precios», subrayó, al tiempo que instó a los empresarios a reducir sus márgenes de ganancia.
Sin embargo, el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández, se manifestó a favor de «paralizar» o «congelar» los salarios de los trabajadores y no de «recortarlos», refiere Télam.
«No soy partidario en absoluto de bajar salarios, pero sí posiblemente de que haya una optimización de los salarios y se queden paralizados, por no decir congelación salarial, que no suena muy bien», advirtió.
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) español es uno de los más bajos de los países de la Unión Europea. En Luxemburgo está fijado en 1.750 euros, en Irlanda en 1.653 euros, en Bélgica en 1.389
euros y en Holanda y Francia en más de 1.300 euros.
El 15 de diciembre pasado, la CCOO y a UGT propusieron la actualización del SMI, y recordaron que España firmó la Carta Social Europea en 1980, mediante la cual se comprometió a fijarlo en un monto equivalente a 60% del salario medio neto, lo que equivaldría a 1.026,43 euros brutos mensuales.