KAOS / La Radio del Sur
El pasado 22 de diciembre, en torno a unas 70 trabajadoras agrícolas fueron atendidas en distintos centros asistencias de Pelarco y Talca, Región del Maule, producto de una intoxicación masiva por pesticidas registrado en el fundo Orti – Pérez, ubicado en la localidad La Esperanza de la ruta K-45, camino a Pelarco.
De las 70 trabajadoras, al menos unas 22 temporeras que realizaban cosecha de arándanos se encontraban con mayor complejidad, luego de tener contacto con el químico aplicado en un predio colindante que se fumigaba maíz y donde no se habría respetado el tiempo que debe esperarse para reingresar a las labores de campo.
La Inspección Provincial del Trabajo de Talca confirmó el cierre completo de las faenas en el predio y durante esa tarde, personal de la Seremi de Salud del Maule se trasladaba hasta el mencionado fundo donde ocurrió la intoxicación.
María Elena Rozas de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL), manifestó en conversación con emisora de radio que “no hay buenas prácticas” en el sector, lo que se refleja en diversas consecuencias que son permanentes.
“Hay una intoxicación crónica que no aparece en las noticias ni en ninguna parte y es incluso más grave que una intoxicación masiva aguda porque es permanente durante todo el año y durante mucho tiempo. Eso deviene en enfermedades graves como cáncer y otras alteraciones genéticas que se expresan en otras generaciones”, denunció la dirigente.
María Elena Rozas aclaró que “la intoxicación aguda es la punta de iceberg de un problema mayor que ocurre en Chile desde hace muchos años y que no se ha podido legislar a fondo”.
“(La legislación) es insuficiente y siempre que hemos planteado soluciones más radicales como la prohibición de los plaguicidas dañinos, el ministerio de Agricultura se ha negado y eso significa que en Chile se siguen usando plaguicidas extremadamente nocivos para la salud y el medioambiente”, dijo.
Las cifras en esta materia no son claras, pero existen antecedentes de que la intoxicación de temporeros por la utilización de plaguicidas ha aumentando de manera sistemática desde el año 1997.
Las últimas cifras oficiales de la Red de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud (REVEP) del año 2008 señalaron que se registraron 849 casos, superando la cifra de 2007 que ascendió a 727 casos. Para la dirigente de Rapal las responsabilidades no se han asumido.
“No se puede dejar la responsabilidad en el eslabón más débil que es el trabajador agrícola. Creo que cuando se usan venenos, las responsabilidades las tienen fundamentalmente los reguladores. En Chile desafortunadamente no ha habido una política pública que incentive, por ejemplo, la agricultura orgánica. Eso ha estado absolutamente ausente desde siempre porque sólo ha habido un enfoque químico para enfrentar el problema de las plagas”, aseguró.
Organizaciones ciudadanas como la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para America Latina (RA-PAL) Chile, estima que por cada caso que se registra oficialmente, hay otros cuatro que no son notificados a la autoridad sanitaria.