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O se toman medidas urgentes o se van. Las multinacionales estadounidenses en España chantajean así al estado español. Pura mafia capitalista…
La Cámara de Comercio de EEUU (AmChamSpain) ha remitido una dura carta al presidente del Ejecutivo,Mariano Rajoy, así como a sus ministros económicos Luis de Guindos yCristóbal Montoro, en la que exige al Ejecutivo una “respuesta contundente” a la situación económica del país si no quiere asistir a una fuga de la inversión. Y quiere soluciones en cuatro frentes: las administraciones públicas deben pagar sus deudas, hay que atajar la piratería, las leyes tienen que cumplirse y la imagen del país en el exterior debe mejorar.
“La Cámara de Comercio de EEUU lleva alertando sobre los daños que el acelerado deterioro de los indicadores de la economía española –amplificados por un exceso de visibilidad negativa en los medios de comunicación internacionales- puede acarrear, irreversiblemente, en el stock de inversión extranjera directa”, arranca la misiva, que lanza un aviso a navegantes. “La disminución de nueva inversión no ha venido acompañada hasta el momento de deslocalizaciones masivas (…) Sin embargo, desde AmChamSpain pensamos que esto puede cambiar radicalmente en los próximos meses”, remacha la institución que preside Jaime Malet.
Los socios de la Cámara facturan en España 248.000 millones de euros y generan más de un millón de empleos. Forman parte de su Junta Directiva representantes de firmas como Morgan Stanley, General Electric, Citigroup, Bank of America-Merrill Lynch, Pfizer, IBM, Microsoft o 3M. Su presidente de honor es siempre el embajador norteamericano en España, en este caso Alan D. Solomont. Una muestra de que sus puntos de vista coinciden en buena medida con los de la Administración en Washington, de la que la Cámara es punta de lanza en el extranjero. Las demandas al Gobierno Rajoy enlazan, sobre todo, con el malestar de las grandes tecnológicas y farmacéuticaspor la morosidad en las administraciones y la falta de respeto a la propiedad intelectual.
“En algunos sectores, como el de las tecnologías sanitarias, el plazo medio de cobro es de 421 días y en los medicamentos es incluso más dilatado, con comunidades autónomas que demoran sus pagos más allá de los 48 meses”, subraya la carta. Las empresas americanas alertan de que las sucesivas legislaciones no han conseguido atajar la morosidad y admiten “enormes problemas de gestión de tesorería”, agravados por la dificultad del descuento bancario. “Muchas empresas se encuentran al borde de la quiebra o están reestructurando sus plantillas debido a esta desidia administrativa”, se lamenta en el documento.
Además, se subraya que estos problemas de cobro pueden por sí mismos alentar la huida de capitales. “Lo que es más grave es que la situación europea (…) está llevando a muchas multinacionales a replantear su continuidad en mercados que puedan tener cualquier tipo de riesgo de impago. La falta de rigor (…) está aumentando una sensación de inseguridad en muchas multinacionales que temen que un problema de falta de liquidez se convierta finalmente en uno de solvencia. Y ante ese riesgo, muchas se están replanteando su continuidad en España”. La Cámara pide a Rajoy un calendario de pagos de la deuda acumulada, fijar responsabilidades claras para los funcionarios que no respeten los límites de morosidad y un seguimiento permanente para evitar desviaciones de los plazos establecidos.
El daño de no aprobar la “Ley Sinde’
“[Se] tiene que hacer un esfuerzo para luchar contra la piratería”, continúa la carta fechada el 28 de diciembre. Y recuerda que España ha sido incluida por quinto año consecutivo en el informe Special 301 como país bajo vigilancia, al no ofrecer un adecuado nivel de protección a la propiedad intelectual en relación a su desarrollo. “Muchas multinacionales, tanto del sector de contenidos como de otros sectores con patentes o marcas relevantes, veían el consenso legislativo creado en torno a la llamada Ley Sinde como un gran avance para terminar con la impunidad en esta materia. Su falta de aprobación antes de las elecciones ha supuesto un revés a la seriedad del país en esta materia de tanta importancia para la inversión extranjera directa”, aseveran las compañías, que denuncian la laxitud de España frente a otros países de su entorno.
El propio Gobierno de Estados Unidos, en defensa de los intereses de sus majors, ya dejó claro que consideraba un claro paso atrás que el Congreso de los Diputados bloqueara la denominada Ley Sinde, que preveía el cierre de sitios web que facilitaran las descargas no autorizadas. “Claro que estamos decepcionados. Y no nos gustaría ver que la ley se debilita”, aseguraba a El Confidencial el pasado mes de enero Justin Hughes, asesor del subsecretario de Comercio para la Propiedad Intelectual de Estados Unidos. “No se pueden librar batallas de meses para hacer cumplir la legalidad”, reflexionaba, al tiempo que decía no tener “ninguna duda de que España necesita hacer más”. Un discurso muy similar al que ahora esgrimen las empresas.
Y que enlaza con la percepción de que no se pueden fiar del marco regulatorio. Por ejemplo, se quejan de que existe una auténtica maraña normativa –entre la estatal y la autonómica-, con excesivos costes y “difícil percepción sobre lo que es correcto y lo que no lo es”. Una profusión legislativa que viene acompañada de una justicia lenta e ineficiente, “con plazos eternos y resultados cuanto menos inesperados”. La crisis económica y la necesidad de ahorrar tampoco ayuda al cumplimiento de los compromisos adquiridos, se lamenta. “Muchas multinacionales están empezando a dudar sobre la seriedad del país en el cumplimiento de las leyes y temen que el cambio de Gobierno suponga un aumento, y no una disminución, de la incertidumbre regulatoria y la inseguridad jurídica en cuanto pueda existir la tentación de modificar arbitrariamente lo pactado en la anterior legislatura”, remachan.