Agencias
Manila, noviembre 18 – La Policía filipina ha entregado en la noche del viernes a la expresidenta Gloria Macapagal Arroyo en el hospital de Manila en el que está ingresada la orden de arresto emitida en su contra por un tribunal por un presunto delito de fraude fiscal, por lo que la exmandataria ha quedado de forma efectiva bajo custodia policial, informa la cadena de televisión local ABS-CBN.
Arroyo se encontraba acompañada por su marido, Jose Miguel Arroyo, y otros miembros de su familia y su antiguo gabinete en el Centro Médico Saint Luke, en la localidad de Tanguig, dentro de Gran Manila, cuando le fue entregada la orden de arresto, por lo que la expresidenta se encuentra ahora bajo la custodia del Distrito de Policía Sur, ha informado el superintendente James Bucayu, precisando que agentes la vigilan en el hospital.
Según ha precisado el responsable policial, la operación policial ha sido coordinada con el abogado de Arroyo, que no tendrá que abandonar el hospital para realizar los trámites formales de toma de huellas, sino que se llevarán a cabo este sábado en el centro.
Horas antes la Comisión Electoral filipina (Comelec) había acusado a Arroyo, al exgobernador de la provincia de Maguindanao Andal Ampatuan y al exsupervisor electoral de Maguindanao Lintang Bedol de fraude electoral, delito que no puede ser objeto de libertad bajo fianza en Filipinas. A continuación, un juez de Pasay emitió una orden de arresto contra los tres.
La ministra de Justicia filipina, Leila de Lima, ha considerado que tras la emisión de la orden de arresto contra la expresidenta la sentencia del Tribunal Supremo que permitía a Arroyo abandonar el país para recibir tratamiento médico es «discutible».
Los hechos
La Justicia filipina emitió hoy una orden de detención contra la expresidenta Gloria Macapagal Arroyo, acusada hoy formalmente de fraude electoral en los comicios de 2007 por la Comisión Electoral, indicaron fuentes judiciales.
El Tribunal Regional de Pasay, en Manila, ordenó el arresto de Arroyo y también del que era presidente de la Comisión Electoral, Benjamin Abalos, cuando se cometió el supuesto fraude.
El tribunal ha entregado las órdenes a la Policía del distrito de Pasay para que las ejecute.
La legislación penal de Filipinas contempla que la máxima pena por este delito es la cadena perpetua.
José Miguel Arroyo, marido de la exmandataria y que también estaba siendo investigado, ha sido exonerado por falta de pruebas.
La orden de detención fue emitida pocas horas después de que los abogados de Arroyo anunciaran que su cliente tenía la intención de abandonar el país esta tarde para ser sometida a tratamiento médico en Singapur.
Después quería viajar a Alemania y España, también para visitar a varios médicos especialistas en dolencias en relacionadas con las vértebras cervicales y la glándula tiroides.
El Tribunal Supremo ratificó hoy el permiso que le concedió el martes para poder salir del país, contradiciendo así la orden gubernamental de que no abandonara suelo filipino por riesgo de fuga.
La expresidenta trató de viajar a Singapur el pasado martes, pero su salida fue bloqueada por las autoridades aeroportuarias de Inmigración ya que su nombre está incluido en la lista de personas con riesgo de fuga.
Arroyo tiene pendientes otros seis casos de corrupción en los tribunales.
Hasta el momento, ninguna de las acusaciones de delitos atribuidos a la expresidenta, actualmente diputada, y su esposo han sido probadas en un tribunal de justicia.