Antecedentes:
Las últimas informaciones de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, es que el Coronel Ángel Serdeño, quien cuenta en su haber con la bicoca de ¡37 denuncias por violación a los derechos humanos!, interpuestas por la comunidad altoapureña, fue quien encabezó las acciones en contra de los campesinos, indicaron que, «los uniformados» llegaron a la casa de Javier Guerrero, «encapuchados disparando a diestra y siniestra sin respetar ni siquiera a los niños que se encontraban en la casa»… Este coronel, a quien acusan de acoso y extorsión, robo de ganados a los campesinos y contrabando de gasolina hacia Colombia, ya había sido denunciado por la vinculación en el asesinato de otros dirigentes campesinos, en el pasado mes de abril, en la zona fronteriza de Barinas y Apure. Toda la zona del Alto Apure está consternada por esta masacre y piden a los entes competentes la destitución y enjuiciamiento inmediata de los culpables por estos crímenes de lesa humanidad, perpetrados a estos trabajadores del campo, como lo era, Javier Guerrero, reconocido luchador campesino. La zona del Municipio autónomo Páez, es reconocida históricamente por demostrar una gran capacidad de organización y compromiso revolucionario, unido a una gran conciencia ideológica, por lo que manifiestan, en nombre de la dignidad del campesino revolucionario, llevarán, todas las acciones que sean necesarias para que se haga justicia a los caídos.
La Zona del Alto Apure representa por su potencial económico y su condición de zona fronteriza y el trabajo que se realiza en la ciudad Comunal Nacional Simón Bolivar, un área de sensibilidad para la seguridad de la nación y que ellos como frente reconocen el papel que juegan en la salvaguarda de esos territorios constantemente amenazados por intereses y mafias infiltradas dentro de los aparatos de seguridad del Estado.
El estado de violencia y de impunidad, contra los campesinos ha llegado a un punto que exige una intervención firme e inmediata del estado, que ponga un alto a esta situación. El Ministerio Público está en el deber de salvaguardar los derechos de los ciudadanos, entre ellos el derecho a la vida, la fiscal general de la República está en la obligación jurídica y moral de ordenar una investigación a fondo sobre este caso y proceder a la instrucción del mismo y a determinar las responsabilidades respectivas.
Declaración de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora en repudio a la masacre de San Camilo