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Al menos, 7.000 personas, la mayoría de ellos mujeres y niños extranjeros, han sido detenidas en cárceles libias sin un juicio previo, luego de que los mercenarios responsables del magnicidio de Muammar Gaddafi tomaran el poder en el país magrebí.

La cifra fue revelada por un informe difundido el miércoles por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon en el que se exige al auto proclamado Consejo Nacional de Transición (CNT) que ponga orden «a las leyes de prisión», para «evitar violaciones de los derechos humanos y asegurar la liberación de aquellos cuyo encarcelamiento no debe continuar», reseñó la agencia rusa de noticias Ria Novosti.

En el documento, se explica que las persecuciones están fundamentadas en la mayoría de los casos por discriminación racial, especialmente en Sirte, uno de los últimos bastiones de la resistencia del pueblo libio contra la agresión de fuerzas imperiales coordinadas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan).

El miércoles, Bengasi, en el este del país, protagonizó la primera protesta en contra de las autoridades impuestas como nuevo gobierno esta semana.

Los manifestantes, entre los que se encontraban 50 oficiales del Ejército y Saleh Bazi, portavoz de las tribus del este del país, exigieron la dimisión del Ejecutivo acordado por el CNT y demandaron la formación de un Gobierno federal, reseñó la agencia EFE.

El pueblo libio fue víctima de siete meses de bombardeos y ataques militares de mercenarios financiados por la Unión Europea y Estados Unidos en el que murieron cerca de 50.000 personas desde el pasado mes de marzo, bajo el pretexto de una zona de exclusión aérea creada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para «defender a los civiles» de los supuestos ataques del ejército del Muammar Gaddafi. Los bombardeos finalizaron el 21 de septiembre, días después que el líder libio fue asesinado en Sirte, tras una operación aérea de la Otan.