¿Existen órdenes judiciales secretas en Estados Unidos? Esta pregunta quedaba en el aire en el mes de octubre, momento en el que el Wall Streer Journal revelaba que el gobierno podría haber obtenido una orden judicial secreta para obligar a Google y al proveedor de Internet Sonic.net a entregar toda la información de las cuentas de correo electrónico del famoso activista y voluntario de WikiLeaks, Jacob Appelbaum. Desde hace unas horas no sólo tenemos la constatación de que es así. sino que el fallo de un juez federal indica que la privacidad de los usuarios no es un derecho en el gobierno. El juez ha confirmado que Twitter deberá entregar la información de las cuentas de los tres asociados de WikiLeaks Birgitta Jonsdottir, Rop Gongrjip y Jacob Appelbaum.
Como si fuera premonitorio, mi compañera Geraldine escribía hace unas horas de Appelbaum y este le expresaba su sentir acerca de las reglas actuales y la falta o ausencia total de privacidad en pos de una vigilancia que rige en el mapa digital. El fallo de hace unas horas es la confirmación de que en Estados Unidos no hay normas ni leyes que se antepongan a las investigaciones oficiales. También lo es de aquellas que no lo son.
La orden dada por el juez Liam O´Grady se pone del lado del gobierno en el caso abierto por la investigación de la fuga de cables de WikiLeaks y confirma que la lucha de Twitter por evitar la información de las cuentas de sus usuarios no tiene sentido.
Hasta ahora, los tres titulares de las cuentas relacionados con WikiLeaks habían argumentado que obligar a Twitter a cooperar en la investigación era una invasión a la privacidad que rompía cualquier derecho de los usuarios y la propia libertad de expresión. En el mes de marzo fue un juez federal el que había admitido las tácticas del gobierno como admisibles. Desde hace unas horas y a través de un fallo de 60 páginas, O´Grady lo confirma.
Y aquí es donde llega también la confirmación de que el gobierno de Estados Unidos puede actuar en secreto para ordenar la recogida de datos de los usuarios. Los fiscales del caso han dicho que la ley federal especifica que se le permite al gobierno la búsqueda de información de cualquier cuenta en la red argumentando que se trata de una herramienta de investigación de rutina.
Bajo esta premisa, amparada en la ley Stored Communications Act, los fiscales pueden obtener ciertos datos electrónicos sin orden judicial o demostración de causa probable. Lo único que deben demostrar es que la creencia es razonable para llevar a cabo los registros y que a la vez estos son relevantes para la investigación en curso.
Es decir, que si el Gobierno se lo propone, prácticamente cualquiera puede ser investigado en sus cuentas de Internet bajo la probabilidad “razonable” de que esté implicado en el caso. Alucinante ley que viene a corroborar la noticia del mes de octubre.
La orden judicial dada hace unas horas no busca el contenido de los mensajes en Twitter. Lo que busca es la IP asociada de las tres cuentas. Tal y como han explicado en otras ocasiones los abogados de los asociados de WikiLeaks, la American Civil Liberties Union (ACLU) y la Electronic Frontier Foundation (EFF), el gobierno puede utilizar las direcciones IP para realizar un seguimiento virtual que concrete el equipo utilizado por el titular de la cuenta y la ubicación física en la que encontraba.
Tras el fallo, Aden Fine, de la ACLU y representante de Birgitta Jonsdottir, comunicaba que:
El gobierno no debería permitirse nunca la obtención de información sobre las comunicaciones por Internet de los individuos sin orden judicial y ciertamente no debería ser capaz de hacerlo en secreto.
Jonsdottir, la única de los tres asociados que ha hablado hasta ahora, decía por su parte que:
Con esta decisión, el tribunal le está diciendo a todos los usuarios de herramientas online alojadas en los EE.UU. que el gobierno de EE.UU. tendrá acceso a sus datos en secreto. Que la gente de todo el mundo tome nota. … Estoy decepcionada con el fallo de hoy porque es un gran paso atrás para el legado de los Estados Unidos por la libertad de expresión y el derecho a la privacidad-
Desde ayer, la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios en la red se ha acortado un poco más.