En tal sentido, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, José Castro, exigió el pasado lunes una orden para “la entrada y registro en las sociedades de Urdangarin y de la Infanta Cristina” a fin de esclarecer el caso, en especial las dudas suscitadas sobre el paradero de 2.3 millones de euros cobrados por el Instituto Nóos durante unas jornadas turísticas y deportivas celebradas entre el 2005 y el 2006.
Se presume que una vez obtenidos los fondos, la fuga del dinero se paliaba con “la contratación de servicios ficticios o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado”.
El lunes pasado la Fiscalia Anticorrupción y las fuerzas policiales entraron a la sede del Instituto Nóos en Barcelona, como parte del procedimiento de investigación en el caso de este presunto caso de fraude y corrupción.
Con información de El Mundo de España