Tras las tres dimisiones en cadena en St. Paul -incluida la del decano Graeme Knowles- la Iglesia Anglicana se ha visto obligada a cambiar de rumbo y a distanciarse del posible uso de la fuerza por parte de la Corporación de la Ciudad de Londres, que ha dado un plazo de 48 horas a los ocupantes para desmontar las 240 tiendas.
El arzobispo de Canterbury Rowan Williams, máxima autoridad eclesiástica, ha roto finalmente el silencio y ha resumido así las tensiones internas en la Iglesia Anglicana: «Los acontecimientos de las dos últimas semanas han demostrado cómo las decisiones tomadas de buena fe y por buena gente, bajo una presión inusual, pueden tener consecuencias desagradables y no previstas. El clero de St. Paul merece nuestra comprensión en estas circunstancias».
El desmarcaje de la Iglesia Anglicana coincide con el endurecimiento de la postura por parte de las autoridades locales y del propio Gobierno de David Cameron, obligado a tomar posiciones ante la crisis desencadenada por los ‘indignados’.
La ministra de Interior, Theresa May, ha dado su respaldo a los responsables de la Coporación de Londres -el consorcio que vela por la seguridad y por la imagen de la City- y a su decisión de emprender «acciones legales» para forzar el desalojo. «La policía, la Iglesia y la Corporación de Londres necesitan trabajar juntos para despejar las protestas lo antes posible», ha declarado May.
Por su parte, la asamblea general de Occupy London decidió continuar ayer indefinidamente con la protesta. «Nuestra invitación al diálogo sigue ahí», declaró Ian Chamberlain, portavoz de los ocupantes. «Nos quedaremos aquí mientras exploramos todas las acciones legales».
La actitud de la policía ha sido hasta la fecha de estricta vigilancia, sin irrumpir ni alterar en el funcionamiento del campamento, donde existe incluso una «calle» o fila bautizada como «¡Ya Basta!», en homenaje a los «indignados» de Sol.
En una protesta paralela, a las puertas del Parlamento en Westminster, 12 personas han sido detenidas durante una protesta a favor de los derechos de los «squatters».