El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EEUU celebró ayer una audiencia previa para escuchar argumentos a favor y en contra de la Stop Online Piracy Act (SOPA). El proyecto de ley, apoyado por una veintena de congresistas y senadores tanto demócratas como republicanos, establece un mecanismo por el que el fiscal general podrá exigir un mandamiento judicial para bloquear aquellas páginas extranjeras que «roban y venden innovaciones y productos americanos», dice en el texto.
La norma, apoyada por Hollywood, ha soliviantado a todo Silicon Valley
Para conseguirlo, las autoridades podrán ordenar a los buscadores que bloqueen las páginas denunciadas por albergar música, películas, libros e incluso falsificaciones de medicinas o marcas de EEUU. El objetivo es que los ciudadanos de aquel país no puedan visitarlas.
También incluye instrucciones para obligar a las empresas estadounidenses que alojen web acusadas a retirarlas de sus servidores. Además dará cobertura legal para pedir a las empresas de pagos por internet o con tarjetas que impidan transacciones hacia estos sitios. Si todo esto no funciona, el fiscal general podrá exigir el bloqueo a nivel de Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Se trata del mecanismo que traduce los nombres de las páginas (www.publico.es, por ejemplo) a direcciones IP que entienden las máquinas (178.249.14.9 en este caso). El servidor raíz de DNS se encuentra en EEUU.
«Como Estados Unidos produce la mayoría de la propiedad intelectual, nuestro país es el que tiene más que perder si no somos capaces de resolver el problema de estos sitios web sin escrúpulos», aseguró el presidente del Comité Judicial e impulsor del proyecto, Lamar Smith, horas antes de que se iniciara la audiencia. En ella participaron representantes de la Biblioteca del Congreso, de la farmacéutica Pfizer, de la asociación de las cinematográficas (MPAA), de MasterCard y la poderosa AFL-CIO, el principal sindicato estadounidense. Todos se mostraron a favor de la ley.
Otras organizaciones denuncian que la ley traería el caos a la red
Persecución en cadena
Para Michael O’Leary, vicepresidente de la MPAA, «la Stop Online Piracy Act reconoce que para detener efectivamente el robo online, cada miembro del ecosistema de internet tiene que jugar un papel, incluidos los propietarios de los derechos que crearon el contenido, los proveedores de servicios de internet y motores de búsqueda que conectan a los consumidores con los sitios deshonestos y las redes de publicidad y los procesadores de pagos que dan soporte financiero a estos sitios».
O’Leary rechazó las críticas de aquellos que han venido sosteniendo que la SOPA romperá internet. «Además, es absurdo sugerir que la promulgación de leyes para ir contra páginas fraudulentas vaya a dar amparo a los regímenes represivos que desean censurar las actividades políticas», añadió al referirse a los temores de que se vea afectada la libertad de expresión.
El único que discrepó en la audiencia fue Google. Su consejera Katherine Oyama reconoció la importancia de combatir la piratería, pero no por ese camino. «SOPA socavaría la estructura jurídica, comercial y cultural que ha impulsado el extraordinario crecimiento del comercio en internet en la última década», aseguró en su testimonio ante los legisladores.
«Al mismo tiempo, la ley impone nuevas y confusas obligaciones a los proveedores de servicios de internet para adoptar las medidas técnicamente factibles y razonables para bloquear el acceso a los sitios y eliminarlos de los resultados de búsqueda, convirtiendo a los proveedores en censores de facto», añadió. De ser aprobada tal cual está redactada, las empresas de internet serían responsables de lo que hacen otros.
Es esa nueva responsabilidad lo que hizo que Google, Twitter, Facebook, AOL y eBay, entre otros, firmaran una carta conjunta a los congresistas mostrando su rechazo a la nueva ley. Otras organizaciones lanzaron la iniciativa American Censorship Day: Nov 16, 2011 para denunciar una medida que «traería el caos a internet». Uno de sus impulsores es Wikimedia, responsable de la Wikipedia. El portavoz de la Fundación Wikimedia escribió ayer: «Nuestros usuarios y todos nuestros proyectos se verían obligados a operar en un entorno legislativo insostenible, poniendo la Wikipedia al servicio de los propietarios de los derechos en lugar de la distribución libre del conocimiento».
SOPA aún tiene que ser debatida por el pleno del Congreso de EEUU. Y ya hay varias iniciativas reunidas en la web de American Censorship Day para presionar a los políticos estadounidenses.