Simón Bolívar
Como organizaciones comprometidas con el socialismo como vía única para acabar con el régimen sangriento del imperialismo, como colectivos unidos en la construcción de una sociedad de iguales donde la justicia reine para todos por igual, como sujetos de transformación dispuestos a caminar sin descanso hacia la construcción de la Patria Grande, saludamos la próxima puesta en marcha de la CELAC durante los días 2 y 3 de diciembre –un espacio de integración que podría enrumbar a los países de Nuestra América hacia un territorio de paz con justicia social. Este paso es particularmente importante porque se contrapone a un organismo fundamental de la máquina político-militar yanqui: la OEA.
En este contexto, y también en el marco de la próxima reunión de Jefes de Estado de la UNASUR los días 4 y 5 de diciembre, queremos aportar dos elementos internacionalistas para el impulso de una nueva territorialidad en esta América Nuestra, vinculada a la liberación de los pueblos que sufren la violencia despótica del capital.
Desde la perspectiva del internacionalismo revolucionario se pueden establecer acuerdos entre gobiernos de carácter popular y gobiernos sujetos a los intereses del capital, siempre y cuando tales acuerdos no golpeen el desarrollo de la lucha popular al interior de tales sociedades.
El internacionalismo Bolivariano traza un camino que no puede estar atravesado por intereses ajenos a los de los hombres y mujeres que viven en este continente, como demuestra la experiencia del Congreso de Panamá. En ese sentido, llamamos a que los acuerdos que se suscriban en el contexto de la CELAC y UNASUR sean cónsonos con la construcción de un continente soberano.
A nuestro entender el respeto por la autodeterminación y autonomía de los Estados no puede equivaler a guardar silencio frente la subyugación y represión de los pueblos del continente, frente a la injusticia y la rendición ante los intereses norteamericanos. ¿Cómo no pronunciarse ante la eliminación sistemática de opositores en Honduras y el claro desprecio a los acuerdos establecidos tras la repatriación del presidente Zelaya? ¿Cómo no pronunciarse sobre la justa salida al mar para Bolivia y las constantes evasiones y obstaculizaciones, a partir de artilugios retóricos y leguleyismos, por parte del Gobierno neoliberal de Sebastián Piñera? ¿Cómo no levantar la voz frente a la recuperación de las Malvinas como parte integral del territorio argentino, hoy en proceso de explotación petrolera por parte del vetusto imperialismo inglés? ¿Cómo no pronunciarse ante la negativa del senado paraguayo para la aprobación de Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR? ¿Como no exigir la erradicación de las bases militares norteamericanas en el continente? ¿Es que acaso podemos aspirar al fortalecimiento de la Patria Grande obviado las necesidades urgentes de su pueblo?
Lo anterior se vuelve particularmente relevante al analizar las relaciones de Venezuela con Colombia, en este sentido queremos manifestar algunas reflexiones, inquietudes y propuestas del movimiento revolucionario venezolano y continental, recogidas a través de múltiples colectivos y organizaciones populares; nuestro objetivo aquí es aportar elementos de análisis sobre los vínculos estatales entre Venezuela y Colombia –relaciones cuyas evidentes contradicciones y dilemas en lo político y en lo ético no pueden dejarnos indiferentes.
Estas deliberaciones se hacen más urgentes ante la reunión Chávez-Santos del 28 de noviembre, frente a la cual hemos de expresar nuestra preocupación sobre los acuerdos que se vienen suscribiendo entre Colombia y Venezuela, y sobre los que se podrían suscribir.
Es innecesario profundizar en el carácter eminentemente entreguista (al imperialismo) y represivo (contra los sectores populares) del Estado colombiano. Las evidencias saltan a vista: siete bases norteamericanas y acuerdos militares con Gran Bretaña e Israel, innumerables casos de violaciones a los derechos humanos que van desde los desplazamientos y la tortura hasta los asesinatos de sindicalistas y otros dirigentes populares, los falsos positivos y las desapariciones masivas. Tan solo desde que Santos llegó al poder se han registrado, según cifras oficiales, más de cien activistas de derechos humanos víctimas del terrorismo de Estado, recordándonos amargamente que los delitos de lesa humanidad no forman parte del pasado en Colombia, que son parte de la macabra cotidianidad del presente.
Es por ello que alerta y sorprende la política de colaboración que el gobierno venezolano ha ido desarrollando con el país vecino a través de la suscripción del funesto Acuerdo de Cartagena, entre cuyos puntos se encuentra, según el propio ex-ministro de defensa colombiano Rodrigo Rivera, un marco jurídico que permitirá a las autoridades de ambos países “compartir información de inteligencia, fortalecer la cooperación judicial y las operaciones a todo nivel contra todos los eslabones”. Como revolucionarios comprendemos que estos pasos abren una profunda grieta en nuestro proceso bolivariano; en este sentido, nos preguntamos: ¿Dónde queda nuestra solidaridad internacionalista con los hombres y mujeres que luchan por la autodeterminación popular de Colombia? ¿Qué ocurrió con el discurso del gobierno bolivariano que hace tres años reconoció la beligerancia de la insurgencia colombiana? ¿O es que debemos soportar en silencio todo el peso del pragmatismo sin ética de la realpolitik?.
Nos preocupan las recientes palabras de la Canciller colombiana María Ángela Holguín ampliamente difundidas por el Sistema Nacional de Medios Venezolanos, en las cuales declaraba que el gobierno de Santos tiene la confianza de que pronto se suscribirá un acuerdo de cooperación militar (“colaboración directa entre ejércitos” según dijo Holguín) con el ejecutivo venezolano. Suscribir un acuerdo de este carácter podría representar la entrega de nuestra soberanía.
A nuestro entender colaborar con Colombia en lo militar es un golpe doble a la moral revolucionaria: por un lado implica la colaboración de facto con Estados Unidos, y por otro el colaboracionismo con el terrorismo de la oligarquía colombiana hacia la eliminación de la resistencia popular en el país vecino, que no sólo pasa por la guerra contrainsurgente, sino que intenta acabar también con toda oposición política en Colombia; a saber, movimientos obreros, campesinos, indígenas estudiantiles, etcétera. En este sentido, recordemos que las revoluciones latinoamericanas conocieron las consecuencias nefastas de las alianzas militares de los gobiernos que respondían a los intereses del capital y del imperialismo, con la aplicación en la década de los 70 del Plan Cóndor; por lo tanto, vemos con profunda preocupación la firma de acuerdos militares en medio de la actual correlación de fuerzas en el continente.
Como organizaciones comprometidas con el avance del proceso bolivariano, con el socialismo y la Patria Grande, instamos a nuestro gobierno a deslindarse del proyecto sanguinario de la oligarquía neogranadina. Repudiamos las alianzas con un ejército que ha vuelto sus armas contra su propio pueblo, y que ha sido el responsable de masacres, desplazamientos, fosas comunes, falsos positivos y demás crímenes de lesa humanidad.
En conclusión recogemos dos breves frases, una de Bolívar y la otra de Martí, que guían nuestro pensamiento y nuestro compromiso: la Patria es América apunta a una territorialidad integradora y revolucionaria del proyecto Bolivariano, y Patria es humanidad determina el carácter esencialmente internacionalista y clasista de una revolución. Trabajemos pues por la construcción de una América Latina guiada por los sentimientos humanistas y revolucionarios que expresaron Bolívar y Martí: ¡su radiante pensamiento ha de enrumbar nuestras acciones internacionalistas y nuestro destino soberano!
Noviembre 2011