La diputada Luiza Erundina (PSB-SP) acompaña hace casi treinta años la situación de las familias que buscan informaciones sobre parientes muertos y desaparecidos en los años de la dictadura militar. Como alcaldesa de São Paulo (1989-1993) ella llegó a crear una comisión especial para investigar casos de opositores del régimen que habían sido enterrados en fosas comunes de cementerios de la ciudad. De todas las iniciativas ya puestas en marcha en Brasil en esa área, fue la que tuvo mayores resultados.
Es a partir de esa larga experiencia que ella critica la forma como el gobierno viene intentando aprobar en el Congreso, por medio de un acuerdo de líderes, el proyecto de ley que crea la Comisión Nacional de la Verdad. En una entrevista a O Estado, ella dijo que la comisión, de la forma como está siendo organizada, tendrá pocas condiciones de añadir alguna cosa a aquello que las familias ya saben. A continuación, el texto de la entrevista.
El año pasado, cuando el presidente Lula encaminó el proyecto al Congreso, estaba previsto que sería discutido en una comisión especial, con la posibilidad de audiencias públicas y consultas a especialistas, destinadas a perfeccionarlo. Pero la Cámara tardó en tomar iniciativas y el gobierno decidió apresurar la votación de la materia. No se tramitará más por la comisión especial sino en régimen de urgencia muy urgente, sin evaluación en las comisiones, sin debates ni posibilidad de enmiendas. Si fuera confirmado el acuerdo de líderes, va directo a la aprobación del plenario. Yo no concuerdo con ese proceso.
En relación al proyecto de ley, usted tiene restricciones?
Ese proyecto fue encaminado por Lula en mayo de 2010, en el momento en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzaba a juzgar el caso de Araguaia, en una acción movida por familiares que acusan al gobierno de no haber hecho nada para localizar los restos mortales de los desaparecidos. Es probable que temía la repercusión internacional del caso y se preparaba para, en el caso de solicitud de providencias, decir: nosotros ya estamos actuando, ya encaminamos el proyecto de ley al Congreso. Analizado aisladamente, el proyecto es extremadamente limitado.
Por qué?
El proyecto prevé una comisión formada por sólo siete miembros titulares y siete suplentes para tratar de una cuestión que se esparce por Brasil entero. También está prevista la participación de militares en la comisión, hecho que disgusta a los familiares. A ellos aún les gustaría que el proyecto, además de hablar de memoria, verdad y reconciliación nacional, hablara de justicia.
El gobierno alega que no es posible hablar de justicia, porque los agentes del Estado acusados de violaciones de derechos humanos también fueron beneficiados por la Ley de la Amnistía de 1979. El STF confirmó esa interpretación de la ley.
En consonancia con las normas internacionales adoptadas en el Corte Interamericana y de las cuales Brasil es signatario, crímenes de lesa humanidad, como la tortura, no pueden ser amnistiados. Por otro lado, es bueno recordar que la Ley de la Amnistía fue aprobada a finales de la dictadura, en una coyuntura desfavorable a quien luchaba por la redemocratización y por una amnistía amplia para quien hubiera sido víctima del régimen. En otros países de América Latina que ya tuvieron comisiones de la verdad, como Argentina, Chile, Paraguay, los responsables por las muertes, torturas y desapariciones fueron condenados. Los Generales fueron detenidos. En Brasil los torturadores están siendo amnistiados.
Usted no estaría defendiendo el espíritu revanchista?
El espíritu no es de revancha sino de búsqueda de verdad, de justicia. Que los hechos vengan a la luz y se pase en limpio aquel período de la historia. Es preciso que se haga eso si queremos de hecho concluir el proceso de redemocratización y borrar esa mancha gris sobre la verdad.
O Estado de S. Paulo – Brasil
Autor: Roldão Arruda