Agencias

 

Ciudad de Buenos Aires.-Los quioscos y supermercados de la Capital Federal tendrán que dejar de vender aspirinas, analgésicos, antiácidos y otros medicamentos que hasta ahora eran considerados de venta libre. Estos productos sólo podrán ser comercializados por farmacias, tal como estipula una ley que sancionó ayer la Legislatura porteña con 32 votos a favor, 21 en contra y una abstención.

 

La ley establece que las farmacias no puedan vender estos medicamentos en góndolas, sino que tendrán que ser expedidos por los farmacéuticos. Esto afectaría a las cadenas de farmacias.

La norma votada por los diputados porteños establece que la Ciudad se adhiera a una ley nacional de 2009, que prohibía la venta de medicamentos fuera de las farmacias. Pero hasta ahora la Capital era el único distrito del país que no se había sumado.

Se calcula que la venta de medicamentos mueve por año $ 1.300 millones, de los cuales $ 250 se generan por los medicamentos de venta libre.

Según los farmacéuticos, que ayer festejaron la sanción de la ley, este cambio permite una mayor seguridad para la salud pública, porque los medicamentos sólo podrán ser expedidos por especialistas. Así, explican, se reducirá también el riesgo de la automedicación y de la circulación de drogas alteradas o mal conservadas. “Nuestros próximos objetivos son regular la cantidad de farmacias por cuadra según la densidad poblacional y prohibir la venta de medicamentos y alimentos en un mismo local”, adelantó Ricardo Aizcorbe, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).

En cambio, tanto los quiosqueros como la Cámara de Productores de Medicamentos de Venta Libre siempre aseguraron que si los medicamentos no se vendían bajo receta no era necesario que los comercializara un farmacéutico, y que además la restricción que establece la norma afectará a los consumidores, porque habría menos bocas de venta. Argumentaban también que mucha gente podría incluso tener problemas para conseguir los medicamentos, especialmente en aquellos barrios donde hay pocas farmacias o no siempre están abiertas.

Con estos argumentos, los quiosqueros presentarán recursos judiciales. Andrés Gil Domínguez, abogado de la UKRA, le aseguró ayer a Clarín que “vamos a discutir el fondo de la cuestión en la Justicia. Esta norma es discriminatoria para la población de menos recursos, que tiene más dificultades para acceder a los medicamentos si no hay venta libre”.