El gobierno sigue tratando de evitar que los efectos de la crisis de los países centrales afecte la evolución de nuestra situación interna. En esa dirección aspira, entre otras cuestiones, no entrar en un proceso de ajuste que perjudique a producción y consumo.
Una de las claves para lograrlo es cambiar el destino de algunos gastos estatales. Son varias las medidas que van tomando para lograrlo. Veamos algunas de ellas.
El recorte de los subsidios es uno de los principales temas que, el gobierno, viene impulsando. Ya se ha dicho que la reducción de los mismos estará orientada, fundamentalmente, a los que recibían algunos sectores empresarios. Esos beneficios han mantenido a raya las tarifas de diversos servicios que, a su vez, benefician al conjunto de la población.
Ello acontece con varias prestaciones en materia de transportes, energía y gas. La gran duda es quién cubrirá la diferencia entre las actuales tarifas subsidiadas y las que vayan perdiendo ese beneficio. Varios empresarios primero aplaudieron la medida, aclarando que los sectores de mayores recursos debían hacerse cargo de esa diferencia. El problema es que los que pagan son mayoritariamente los sectores populares. Entonces los empresarios empiezan a “corcovear” diciendo que ellos no pueden absorber esa diferencia y allí está hoy el debate. El gobierno insiste que la paguen los empresarios. Sin embargo, el Ministro Julio de Vido ha matizado esa pretensión diciendo que, en el tema energético, las empresas pagarán sus tarifas de acuerdo a su “capacidad de pago”.
Ese es el sentido del debate con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el traspaso de los subtes. Ahora se haría con el compromiso que el gobierno nacional mantendría el 50% del subsidio por un año.
Los empleados públicos temen que estos recortes también alcancen sus salarios, no recortando pero sí limitando los aumentos futuros al 18%, que es la inflación real (no pública) que aceptaría el gobierno.
Nueva conducción en la Iglesia
El Episcopado de la Iglesia Católica eligió al sucesor de Jorge Bergoglio. José María Arancedo, obispo de Santa Fe, fue designado para ese cargo. Los sectores moderados siguen al frente de la Iglesia. Las Comisiones tampoco tuvieron cambio de rumbo. Los conservadores mantienen el control de la Comisión de Educación. Esta continuidad se podrá observar también en las relaciones con el gobierno, más aún si tenemos en cuenta que Arancedo participó en la redacción de los principales documentos de la Iglesia.
Se mantendrá la denuncia sobre la situación de los más pobres y el “respeto a la vida”, por el cual se oponen a toda norma vinculada a legalización de aborto y eutanasia. Donde habrá notorias diferencias será en las relaciones personales. El mutuo recelo existente entre Néstor Kirchner y Jorge Bergoglio puede ser reemplazado por gestos de confianza entre Cristina y Arancedo. El rápido pedido de audiencia protocolar, la inmediata respuesta y concreción de la misma pueden ser el punto inicial de un nuevo tipo de relación.
Radicales en su salsa
A partir del reciente y resonante fracaso electoral, el radicalismo está metido en una tarea que no les disgusta, morderse la cola y sumirse en profundas internas. El alfonsinismo, que otrora representara al progresismo, ahora está seriamente cuestionado por su alianza con Francisco de Narváez. Federico Storani, un miembro de la histórica Coordinadora, se quiere poner a la cabeza de esas críticas sosteniendo que el alfonsinismo no quiere debatir sobre la pérdida de identidad que motivó el fracaso electoral. Este debate se da en medio de la puja por el control del radicalismo.
Un tercer sector está integrado por Intendentes donde se agrupan –entre otros- el mendocino Víctor Fayad y el cordobés Ramón Mestre. La Convención Nacional, que tendrá que comenzar a dirimir estas peleas, se reunirá los días 18 y 19 de noviembre.