A la fecha son 18 demandas por montos mil millonarios que se han presentado por ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones (CIADI), entidad afiliada al Banco Mundial y de la cual Venezuela es parte al haber suscrito el tratado que le dio origen.
Las demandas en cuestión han sido creación del bufete Macleod Dixon, un bufete extranjero representado en Venezuela por abogados estrechamente vinculados con los intereses políticos contrarrevolucionarios y próximo a unirse al bufete Británico Norton Rose, el mismo que embargó temporalmente los activos de PDVSA.
Tratando de emular la experiencia de Argentina -contra la cual después de la crisis del año 2000 los inversionistas se confabularon para presentar más de 47 demandas internacionales- el bufete Macleod Dixon ha reclutado a empresas multinacionales para demandar a la República. E ignominiosamente, se han alegado supuestas expropiaciones, discriminaciones y violación de estándares mínimos de Derecho Internacional, según su parecer causadas por actos soberanamente ejecutados por Venezuela en resguardo de nuestra economía.
Que las demandas sean fructíferas, no ha sido garantizado. Pero mientras las demandas son decididas los abogados obtienen unas gigantescas ganancias. Las demandas de arbitrajes ante CIADI son extremadamente costosas. Con evidencia de honorarios que oscilan entre US $ 2 millones y US $ 10 millones –independientemente del éxito de la acción- algunos abogados han encontrado un incentivo para lucrarse en desmedro de los intereses patrios.
Peor aún es el hecho que como parte de estos procedimientos, los demandantes usualmente tienen la posibilidad de obtener medidas de embargo o congelación de bienes, como ocurrió con la llamada medida Mareva, en contra de activos de PDVSA, hace algunos años.
Y sobra decir que esas demandas crean una mala imagen del país, ya no solo de cara a la inversión extranjera, que al final del día solo juzga a los países por la cantidad de ganancia que pueda lograr, sino y sobretodo de cara a los organismos internacionales que observan principios universales tales como los de derechos humanos, vigencia del Estado de Derecho, protección laboral y protección del medio ambiente, entre otros. Amén de la afrenta que estas acciones significan para el crédito – en su acepción más amplia- del país.
Obviamente la amenaza mayor radica en la posibilidad que las demandas sean exitosas y que la República experimente gigantescas pérdidas patrimoniales, algunas de las cuales podrían a su vez motivar bochornosas ejecuciones de activos patrios en el extranjero.
La amenaza que ha orquestado el bufete Macleod Dixon en contra de Venezuela tiene entre otros fundamentos la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, cuyo artículo 22, a criterio de ciertos abogados daría lugar a que todo inversionista extranjero que se sienta afectado por alguna medida del gobierno, pueda demandar a la República ante tribunales arbitrales extranjeros. El artículo en cuestión ha sido interpretado por el TSJ en sentido contrario, pero los abogados del bufete aludido sostienen que los tribunales arbitrales internacionales son autónomos en dilucidar su propia competencia y no están obligados a seguir las decisiones de los tribunales patrios.
Con una posición abiertamente traicionera a los intereses del país, los abogados de Macleod Dixon buscan generar una hemorragia judicial internacional que superaría la de La Argentina, tratando incluso que inversionistas locales se disfracen de extranjeros y así poder acceder a los tribunales arbitrales internacionales. RCTV, por ejemplo, ha sido asesorada por este grupo de técnicos del derecho para presentar una demanda a la usanza.
Las consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales de esta estrategia para los venezolanos presentes y futuros, son difíciles de acertar, pero seguramente no es errado decir que serían devastadoras.
Sobre Venezuela y el patrimonio de los venezolanos pende una amenaza que ha sido poco difundida. Sobretodo en lo que respecta a sus arquitectos. Se trata de la posibilidad que partes sustanciales del patrimonio venezolano en el extranjero sea ejecutado como consecuencia de demandas amañadas por parte de inversionistas extranjeros.
A la fecha son 18 demandas por montos mil millonarios que se han presentado por ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones (CIADI), entidad afiliada al Banco Mundial y de la cual Venezuela es parte al haber suscrito el tratado que le dio origen.
Las demandas en cuestión han sido creación del bufete Macleod Dixon, un bufete extranjero representado en Venezuela por abogados estrechamente vinculados con los intereses políticos contrarrevolucionarios.
Tratando de emular la experiencia de Argentina -contra la cual después de la crisis del año 2000 los inversionistas se confabularon para presentar más de 47 demandas internacionales- el bufete Macleod Dixon ha reclutado a empresas multinacionales para demandar a la República. E ignominiosamente, se han alegado supuestas expropiaciones, discriminaciones y violación de estándares mínimos de Derecho Internacional, según su parecer causadas por actos soberanamente ejecutados por Venezuela en resguardo de nuestra economía.
Que las demandas sean fructíferas, no ha sido garantizado. Pero mientras las demandas son decididas los abogados obtienen unas gigantescas ganancias. Las demandas de arbitrajes ante CIADI son extremadamente costosas. Con evidencia de honorarios que oscilan entre US $ 2 millones y US $ 10 millones –independientemente del éxito de la acción- algunos abogados han encontrado un incentivo para lucrarse en desmedro de los intereses patrios.
Peor aún es el hecho que como parte de estos procedimientos, los demandantes usualmente tienen la posibilidad de obtener medidas de embargo o congelación de bienes, como ocurrió con la llamada medida Mareva, en contra de activos de PDVSA, hace algunos años.
Y sobra decir que esas demandas crean una mala imagen del país, ya no solo de cara a la inversión extranjera, que al final del día solo juzga a los países por la cantidad de ganancia que pueda lograr, sino y sobretodo de cara a los organismos internacionales que observan principios universales tales como los de derechos humanos, vigencia del Estado de Derecho, protección laboral y protección del medio ambiente, entre otros. Amén de la afrenta que estas acciones significan para el crédito – en su acepción más amplia- del país.
Obviamente la amenaza mayor radica en la posibilidad que las demandas sean exitosas y que la República experimente gigantescas pérdidas patrimoniales, algunas de las cuales podrían a su vez motivar bochornosas ejecuciones de activos patrios en el extranjero.
La amenaza que ha orquestado el bufete Macleod Dixon en contra de Venezuela tiene entre otros fundamentos la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, cuyo artículo 22, a criterio de ciertos abogados daría lugar a que todo inversionista extranjero que se sienta afectado por alguna medida del gobierno, pueda demandar a la República ante tribunales arbitrales extranjeros. El artículo en cuestión ha sido interpretado por el TSJ en sentido contrario, pero los abogados del bufete aludido sostienen que los tribunales arbitrales internacionales son autónomos en dilucidar su propia competencia y no están obligados a seguir las decisiones de los tribunales patrios.
Con una posición abiertamente traicionera a los intereses del país, los abogados de Macleod Dixon buscan generar una hemorragia judicial internacional que superaría la de La Argentina, tratando incluso que inversionistas locales se disfracen de extranjeros y así poder acceder a los tribunales arbitrales internacionales. RCTV, por ejemplo, ha sido asesorada por este grupo de técnicos del derecho para presentar una demanda a la usanza.
Las consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales de esta estrategia para los venezolanos presentes y futuros, son difíciles de acertar, pero seguramente no es errado decir que serían devastadoras.
anaximenesparraga@gmail.com