Luego de 10 horas de debate, los medios locales informaron que la iniciativa fue aprobada con una diferencia mínima de 16 votos a favor versus 15 en contra.
Si el proyecto de Ley recibe el visto bueno, permitiría que los militares que cometieron delitos durante la dictadura que duró ocho años en ese país suramericano, sean juzgados pese a la vigente ley de Caducidad, que hasta el momento los ha protegido de pagar por sus crímenes.
La iniciativa cumple además con un fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que consideró que la ley de Caducidad es inconstitucional y que precisó que no se puede limitar la investigación de crímenes en este período solamente para beneficiar a los uniformados.
Lo más relevante -para el FA- del proyecto es que en vista de que establece que las infracciones no serán consideradas como “delitos comunes”, no podrán prescribir en noviembre, como asentó un fallo de la Suprema Corte de Justicia el pasado mayo.
“Además, declara estos delitos crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales y afirma que no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad para su juzgamiento”, reseña el texto.
El pasado mayo, el FA intentó derogar la polémica Ley de Caducidad, pero la votación no prosperó ya que un diputado oficialista, disconforme con la propuesta, se retiró de sala evitando que se alcanzaran los votos para su aprobación.
Pese a que actualmente la excusa de los opositores es que violentar la Ley de Caducidad es “ignorar las peticiones del pueblo”, cientos de organizaciones defensoras de derechos humanos esperan que la iniciativa se apruebe y los responsables de los crímenes paguen las multas correspondientes por sus delitos.
Según cifras oficiales, alrededor de 200 personas murieron y miles sufrieron torturas y abusos a manos de los militares durante la dictadura, mientras otros debieron exiliarse en el exterior ante el peligro que corría sus vidas por las constantes amenazas de los uniformados.