Para el economista y periodista Nicolau Santos, subdirector del semanario Expresso, es un Presupuesto «de guerra, que nos conducirá a un nivel de vida próximo al de 1975»; para el director de Jornal de Negócios, Pedro Santos Guerrei-ro, «no es austeridad, es brutalidad». Las medidas «van a provocar el aumento del empo-brecimiento, de las injusticias y de la recesión», según el presidente del sindicato CGTP,Manuel Carvalho. António José Seguro, secretario general socialista, las definió como «violentas», «injustas» y «un golpe fortísimo a la ya debilitada clase media». También la Iglesia católica ha levantado la voz. «La propia terapéutica va a matar al enfermo», advirtió el obispo de las Fuerzas Armadas, Januário Torgal.
Efecto dominó
Si Grecia se hunde, el efecto dominó podría forzar un nuevo y mayor rescate para Portugal y arrastrar a Italia y España, en una reacción imprevisible para la zona del euro. En su afán de distanciarse de Grecia, Passos Coelho ha adoptado medidas que afectan en especial a los más pobres y a las clases media y media alta, en un país donde un quinto de la población vive con menos de 450 euros al mes. Electricidad, gas, agua, combustibles, transportes, medicamentos, guarderías infantiles, créditos hipotecarios, matrículas y educación han aumentado significativamente en su precio base y por el efecto del alza del IVA. Se ha alargado la jornada laboral en media hora diaria y se ha reducido a la mitad el pago de las horas extraordinarias, pese a que el acuerdo con la troika formada por el FMI, la UE y el BCE no lo contempla.
En el campo internacional, la imagen de «buen alumno» proyectada por Passos Coelhole ha permitido recibir a tiempo los tramos de la ayuda y elogios de las dos mujeres más poderosas del mundo: Angela Merkel y Hillary Clinton.
Para merecer la confianza de los mercados, además de los citados aumentos del IVA y de tarifas en transportes, electricidad, agua y gas, puso fin a las autovías, incorporando más peajes, que se cuentan entre los más caros de Europa. Inició también la privatización de las principales empresas estatales, que, según la oposición, «son vendidas a precio de saldo».
Las quiebras de pequeñas empresas se suceden a diario e incrementan el paro en una espiral sin fin a corto plazo. Hasta finales de septiembre, la Seguridad Social había notificado a 31.000 empresas que están en riesgo de delito de «abuso de confianza fiscal» por mantener deudas que suman 625 millones de euros. Los impuestos subieron de tal forma que un empleado que a final de mes cobra 700 euros, por una cuestión fiscal, cuesta a la empresa 1.600 euros, según Jornal de Negócios.
Deudas de crédito de viviendas, facturas de agua y luz, gastos de educación y medicamentos constituyen los principales rubros del listado de urgencias de las familias, con dificultades cada vez mayores, llegando incluso a perder sus casas. Hasta finales de junio, los seis mayores bancos habían incautado por impago inmuebles por valor de 3.100 millones y, según Cáritas, las peticiones de ayuda han crecido más de un 40% en un año.