Fernando Dorado
Popayán, 28 de octubre de 2011
Sorprende la fragilidad del gobierno de Santos ante la protesta y la movilización social. Su nerviosismo no se corresponde con la imagen de un gobierno que lo controla todo.
Tiene más del 90% de los congresistas. Sacó adelante las leyes “progresistas” que presentó ante el poder legislativo. El gobierno de los EE.UU aprobó el TLC. Las relaciones con los países vecinos mejoran día a día. Posa de combatir la corrupción que heredó de Uribe. Las encuestas de popularidad favorecen al primer mandatario. Entonces… ¿qué ocurre?
Una de las muestras de esa susceptibilidad se observó frente a los “deslices populistas” del vicepresidente Garzón. La forma de calcular los índices de pobreza, el valor del salario mínimo y el aumento de la edad de las pensiones, fueron temas que hicieron saltar de la silla a Santos, a su ministro de Hacienda y al presidente de la ANDI. Algo les duele por allí.
La protesta los saca de casillas. Las arremetidas ministeriales contra los trabajadores petroleros de Pacific Rubiales y de la palma aceitera (hoy en huelga) en Puerto Wilches, Magdalena Medio, y la irritabilidad de la Ministra de Educación y de Santos ante la persistencia de la lucha estudiantil contra la mercantilización de la educación, son ejemplos de esa intemperancia. Es la imagen de la “confianza inversionista” la que ahora protegen.
En paralelo, los dueños del poder muestran el rostro. Luis Carlos Sarmiento Angulo habló fuerte ésta semana: reclama eficacia en la justicia. “Los pleitos jurídicos demoran mucho tiempo”, dijo. ¿No es algo raro? ¿Qué clase de líos judiciales preocupan al primer banquero del país? Tales declaraciones nos recuerdan el momento en que el “gran magnate” ordenó a Uribe decretar la emergencia judicial ante el paro laboral de ese sector estatal y forzó la intervención de las llamadas “pirámides” (octubre-noviembre de 2008).
Es evidente que el gobierno es frágil en el tema social. Su “pose democrática”, su aparente compromiso con los DD.HH., su falsa preocupación por los desplazados, las víctimas de la violencia o los damnificados por el invierno, dejan ver que su “fachada humanitaria” es en extremo endeble y que no saben cómo mantenerla.
Los expertos económicos sí saben qué sucede. A pesar de las cifras de crecimiento, de las multimillonarias ganancias del sector financiero, del aumento de las exportaciones, de la imagen de “auge económico” que presentan ante el mundo, la verdad es que las finanzas del Estado no cuadran: el déficit fiscal sigue creciendo, el presupuesto no está asegurado, la deuda pública – principalmente la interna, o sea la que ha obtenido el gobierno con la banca “colombiana” – está más que disparada, y las inversiones especulativas extranjeras no generan el empleo comprometido ni los ingresos suficientes para el Estado. Es decir, las promesas no se van a poder cumplir.
Y eso es muy grave para la oligarquía. En Colombia la situación es explosiva. La lucha de los trabajadores y de las comunidades campesinas (indígenas, afrodescendientes y mestizas) contra las políticas neoliberales – que en la mayor parte de países de Sudamérica fueron la base para derrotar políticamente a las elites anti-nacionales –, fue ahogada en sangre. La “amenaza terrorista” justificó la represión, la criminalización de la lucha social, la persecución de los dirigentes. Así se destruyeron y arrasaron importantes procesos de organización social en todo el territorio nacional.
Las clases dominantes utilizaron el conflicto armado para desviar la atención. El “embrujo uribista” sirvió para engatusar temporalmente al pueblo. Pero, al igual que en Perú, cuando el manido cuento del “enemigo terrorista” perdió eficacia – ya sea porque acabaron con la guerrilla o la diezmaron a sus “proporciones manejables” –, el pueblo vuelve a la carga. Las aspiraciones aplazadas siguen vigentes y la protesta social emerge nuevamente.
Una oleada de gestas populares está resurgiendo. Llega la hora para los “indignados” colombianos. Lo más importante es que entendamos la dinámica de movilizaciones que se desarrollan en el mundo. Nuevos sujetos sociales (“precariados” y “precarizados”) han aparecido para colocarle un sello global (internacional) a las luchas sociales.
La protesta estudiantil que actualmente crece en Colombia empieza a alimentarse de ese espíritu. Se le ha planteado al gobierno el debate político de fondo sin dejarse llevar al terreno de las reivindicaciones sectoriales e inmediatas. Una educación gratuita para todos, de excelente calidad y sin lucro privado, es la propuesta estudiantil. Es lo correcto.
Pero también en los métodos se empieza a avanzar. El gesto que acaban de protagonizar los estudiantes en la Plaza de Bolívar en Bogotá, en donde se reconciliaron con los agentes del ESMAD (“abrazatón”), es una muestra de que los jóvenes han entendido que los métodos pacíficos y civilistas son más eficaces y efectivos, y que la violencia sólo le sirve al establecimiento oficial.
Todo apunta a que una nueva fase de las luchas populares se está forjando en nuestro continente. Los trabajadores y desempleados de los centros urbanos van a estar a la cabeza. El gran capital financiero es el enemigo visible por cuanto las oligarquías se han “trans-nacionalizado”. Ya no sólo son las políticas neoliberales las que se enfrentan sino que la lucha “anti-sistémica” vuelve a aparecer en la mente de los trabajadores y los pueblos.
La dirigencia social y de los sectores de izquierda en Colombia debemos aprender de las experiencias de los trabajadores y pueblos del Norte de África, Medio Oriente, Europa y los EE.UU. Contribuir con el desarrollo de un movimiento de gran envergadura, que canalice las reivindicaciones sectoriales, unifique los esfuerzos de la población y los convierta en una fuerte corriente de transformación política, social y cultural, es la tarea central.
Santos sabe por qué está nervioso. El problema para su clase es que no lo puede ocultar.
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