Tras cuatro horas los secundarios abandonaron la reunión porque el gobierno “no quiere ceder respecto a la postura de la educación gratuita”.
Alfredo Vielma, dirigente de los secundarios, señaló que “nos parece importante bajarnos de esta mesa y transferir a la ciudadanía la responsabilidad de poder solucionar este conflicto”.
La postura del gobierno es otorgar enseñanza gratuita sólo a los sectores más vulnerables, solo a través de becas y otros sistemas combinados de becas y préstamos.
“Darle gratuidad a los más ricos no corresponde”, afirmó Bulnes. Vallejo corroboró la discrepancia al señalar que “se quiere reducir la gratuidad a sólo cierto sector de la población -la pobreza estadística- pero subsidiando en el fondo a las instituciones privadas, a la banca privada”.
“Bajo estas condiciones es imposible darle continuidad a esta mesa de trabajo”, decisión que debe ser corroborada por una asamblea de 36 dirigentes universitarios que se realizará el sábado, añadió la vocera.
Aclaró que “aquí no se trata de que nosotros queremos el todo o el nada”, pero “no hay un cambio de paradigma”.
Vielma dijo que “ahora queda en manos de la gente salir a protestar y marchar”, en alusión a una nueva manifestación, la número 37, convocada para el jueves, pese a que la Intendencia (gobernación) regional negó el permiso, lo que anticipa una fuerte represión policial.
Aún antes del inicio del encuentro el ambiente era tenso porque el presidente Sebastián Piñera envió al congreso un proyecto de ley para criminalizar las movilizaciones y la ocupación violenta de escuelas y campus universitarios, la interrupción del tránsito y los ataques de encapuchados a la policía.
La demanda de gratuidad es una de las más importantes del movimiento estudiantil, que cumplió cinco meses movilizado en demanda de cambios estructurales en el modelo de enseñanza.
En Chile el acceso a una educación de calidad depende de los ingresos familiares, con escuelas para ricos y pobres, y con aranceles universitarios considerados entre los más caros después de los de Estados Unidos. Las familias deben aportar el 85% de los gastos universitarios, mientras el Estado aporta el 15% restante.
A diferencia del encuentro anterior y por exigencia de los alumnos, en este hubo dos actuarios que apuntaron todo lo dicho por los participantes en la mesa de diálogo.
El presupuesto actual de educación supera los 11.000 millones de dólares, el más grueso entre todas las partidas. Para el próximo año, está previsto un incremento de 7,6%, considerado “insuficiente” por los estudiantes.
Las protestas estudiantiles comenzaron a inicios de mayo en reclamo por los altos costos de la educación en Chile, que cuenta con uno de los sistemas educativos más privatizados del mundo, tras las reformas aplicadas por la dictadura de Augusto Pinochet.
Sólo el 40% de los escolares chilenos recibe educación en colegios públicos gratuitos, mientras que a nivel universitario no hay posibilidades de estudiar gratis. Para acceder a las universidades, los estudiantes deben solicitar créditos internos o en bancos privados. A nivel secundario, más de la mitad de la matrícula está en manos de colegios que reciben subvención estatal y el aporte de los padres.
Los estudiantes marchan todos los jueves para demostrar su fuerza al gobierno de Piñera, cuya popularidad bajó a un 22% desde el inicio de las protestas, al contrario de las demandas de los jóvenes, apoyadas por un 89% de la población, según coincidentes encuestas.