Así lo ha confirmado este viernes a Europa Press el experto en derecho penal y autor del libro ‘El caso de los niños perdidos: crimen contra la humanidad’, Miguel Ángel Rodríguez Arias, para quien el Ejecutivo ha omitido su labor de búsqueda y ha cometido una grave falta jurisdiccional.
Rodríguez Arias ha recordado que el Consejo de Europa, en su artículo 10.3.8, estableció que si los gobiernos y ministros competentes en esta materia incumplen el deber de investigar «toda presunta desaparición forzada» deberían incurrir en un «crimen independiente conminado con una pena adecuada».
«Cumplidos ya 3 años este mes de septiembre desde el inicio de las actuaciones de la Audiencia Nacional, en septiembre de 2008, y todavía no se ha procedido a medidas efectivas de búsqueda de los niños víctimas de desapariciones forzadas ni de los desaparecidos de las fosas por parte del Estado Español», ha criticado Arias.
El investigador ha hecho referencia, además, al artículo 5 de la Convención de Naciones Unidas para la Protección de todas las personas contra las desapariciones de este tipo que establece que esta práctica «generalizada» o «sistemática» constituye un «crimen de lesa humanidad», y al artículo 3 del mismo texto que recoge que los Estados tienen la obligación de tomar las medidas apropiadas para investigar y tienen prohibido encomendar esta búsqueda a las familias.
LAS AUTORIDADES: OBLIGADAS A INVESTIGAR SIN UNA DENUNCIA PREVIA
Asimismo, dicha Convención señala también que siempre que haya motivos «razonables» para creer que una persona ha sido sometida a una desaparición forzada las autoridades tienen que iniciar una investigación aunque «no se haya presentado ninguna denuncia formal».
«Interior ha omitido su deber de buscar a esos niños desaparecidos creando las unidades especiales de investigación que resulten precisas como prevé el artículo 30 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y a diferencia de como sí que hizo el Gobierno de Argentino con la aprobación del Decreto 715/2004 –por el que se crea la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de niños– para el caso de los varios cientos de niños desaparecidos en Argentina cuando en el caso español se estiman cifras mucho más graves que podrían alcanzar los varios miles», ha enfatizado.
Estos derechos, ha asegurado Rodríguez Arias, junto a otros veinte, han sido «vulnerados» por el Ejecutivo ya que, ha comentado, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha negado «sistemáticamente» la calificación de lesa humanidad, imprescriptible y de desapariciones forzadas masivas de adultos y niños. Es más, ha agregado, dice que «esos supuestos delitos ordinarios han prescrito».
«Con tales actuaciones se incurre en dos esferas distintas de graves violaciones de los derechos humanos: los niños desaparecidos tienen derecho a conocer su verdadera identidad como parte de su derecho fundamental al desarrollo de su personalidad y a su libertad personal, y, por supuesto, tienen derecho a conocer a su familia biológica de la que fueron secuestrados por motivos políticos o de trata de personas», ha recalcado el experto en derecho penal, para recordar los derechos humanos de los familias que les llevan buscando «años y años» y que tienen el derecho a conocer el «paradero y destino» de sus desaparecidos.
Por todo ello, las víctimas del franquismo acudirán al Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU para denunciar el incumplimiento por parte del Gobierno de veinte artículos procedentes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Convenio y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desapariciones forzosas.
«Es absolutamente escandaloso. Nuestro Gobierno no ha podido violar gravemente más derechos de las víctimas en materia de desapariciones forzosas simplemente porque no existen», ha concluido Rodríguez Arias.