Asimismo, REDES – AT reivindica la necesidad de una legislación que limite la tenencia de la tierra y demanda que se apoye a la agricultura familiar, fundamental para la economía nacional y nuestra soberanía alimentaria.
REDES – AT valora positivamente la iniciativa de creación del ICIR surgida desde el Ejecutivo nacional porque con este impuesto se reconoce finalmente la necesidad de tomar medidas para frenar la concentración de la tierra, y rechaza las reacciones adversas de sectores de la oligarquía nacional tradicionalmente beneficiados por políticas gubernamentales. Si bien el nuevo impuesto planteado no es suficiente para frenar la concentración y extranjerización de la tierra en el país, es un primer paso y una iniciativa que sirve para colocar el tema arriba de la mesa.
El vertiginoso auge de los agronegocios, con la soja como cultivo estrella, la forestación y los paquetes tecnológicos intensivos, ha traído como contrapartida la expulsión de los pequeños productores. Agobiadas económicamente, cientos de familias rurales han optado por vender sus predios en una coyuntura financiera que ha llevado los valores de los inmuebles hasta las nubes. Son familias expulsadas de la tierra. Y a este grave impacto social se le agregan las consecuencias ambientales, especialmente la escasez de agua y el deterioro de los suelos, en muchos casos irreversible.
Uruguay necesita una ley que limite la tenencia de la tierra, siguiendo la línea de otros países de la región y de varias naciones desarrolladas como Estados Unidos, Nueva Zelandia y la Unión Europea. El país también precisa rever su política de promoción de las inversiones. En esta misma línea, REDES – AT solicita que no se hagan más excepciones a la Ley 18.092, que prohíbe a las sociedades anónimas con acciones al portador ser titulares de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias.
El proyecto del ICIR ingresado al Parlamento nacional incluye a unas 1.200 empresas agropecuarias (2,5 por ciento del total), que poseen el 36 por ciento de la superficie de tierra agrícola del país. En el otro extremo, hay un 40 por ciento de pequeños productores que tiene sólo un 2 por ciento de esa superficie.
REDES – AT considera urgente y necesario frenar las exoneraciones tributarias y otros beneficios fiscales a los grandes emprendimientos agrícolas y forestales especialmente (soja y forestación ocupan dos millones de hectáreas en un país con 16 en total factibles de ser producidas). Los montos a cobrar a las grandes empresas y establecimientos de esos sectores deben ser vehiculizados al financiamiento del Instituto Nacional de Colonización, para que compre tierras y las otorgue a los pequeños productores y aspirantes a colonos. La producción familiar debe ser apoyada en defensa de un modelo que asegure la vida en el campo y el abastecimiento de alimentos accesibles y de calidad para nuestra población.
En este sentido, REDES – AT refuerza los planteamientos realizados en esta misma línea por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR). Las dos agrupaciones y la Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay realizaron el 15 de septiembre (en la sede de la CNFR en Montevideo) un taller de formación interna que llamaron “Concentración de la tierra, acuerdos de inversión y recursos fitogenéticos”.
Decenas de productores y productoras de varias partes del país y ecologistas participaron de las charlas y exposiciones de ese día. “Pretendemos que este espacio contribuya a avanzar en el diseño de estrategias colectivas tendientes a cuestionar el actual modelo de producción (de monocultivos orientados a la exportación) y a promover la agricultura familiar y la soberanía alimentaria”, expresó un comunicado de prensa de la CNFR sobre la actividad.