El abogado de los ex detenidos, Pablo Chargoñia, reveló que presentará las imputaciones ante el juzgado penal de turno. “Las pruebas que se aportarán, básicamente, son testimonios. Este es el tipo de prueba más relevante en todos los casos vinculados con los derechos humanos”, dijo el abogado. El letrado también confirmó que se pedirá al Ministerio del Interior incorporar al expediente registros, documentos o archivos de la época.
La denuncia pertenece a un grupo de estudiantes universitarios que fueron alojados en el Departamento 5 de la DNI, que dependía del Ministerio del Interior, entre 1972 y 1984. “Estamos instando a todos los compañeros que estuvieron en distintos lugares de detención a que realicen la denuncia correspondiente”, lanzó Martínez. “Es una batalla por un tema del cual no sabemos si el Estado uruguayo le dará trámite o no. Tienen que acatar el fallo de la CIDH”, recordó el presidente de la Asociación de ex presos políticos. Martínez explicó que el Poder Judicial juzga algunos casos que quedaron por fuera de la Ley de Caducidad, pero con la figura de homicidio agravado, y no con la tipificación de violaciones de derechos humanos de la CIDH. Además, Uruguay es firmante del estatuto de Roma, que tipifica los delitos de lesa humanidad. El presidente de la Asociación de presos políticos apunta sus críticas a las altas esferas. “Las señales que dio (el secretario general de la presidencia), Alberto Breccia, es que los casos por tortura prescriben y los que no lo harán el 1º de noviembre”, acusa Martínez.
Eso se debe a que la Suprema Corte de Justicia uruguaya ratificó que las violaciones de derechos humanos son delitos comunes y no de lesa humanidad, por lo que prescribirán en esa fecha. El fallo aduce que al momento de los hechos no existía el delito de desaparición forzada, creado por ley en octubre de 2006. El dirigente califica la ratificación de la Ley de Caducidad como una gran derrota para las organizaciones de derechos humanos y la sociedad. “Estamos en una lucha de brazo partido”, graficó.