Según documentos revelados por la Oficina Federal de Investigación (FBI), los servicios secretos pueden incluir en esa lista incluso a personas que han sido absueltas en casos de terrorismo o a las que les han retirado los cargos si permanece cierto nivel de sospecha. Y no es tan fácil abandonar la lista.
Esta base de datos ya cuenta con 420.000 nombres, incluidos 8.000 estadounidenses, según la estadística divulgada con ocasión del décimo aniversario del 11-S. A unas 16.000 personas, unos 500 estadounidenses, no se les permite viajar en avión.
El centro de detección terrorista del FBI comparte los datos con otras agencias federales para vigilar a pasajeros de aviones, y a la gente que cruza la frontera y que solicita visados. La información es utilizada también por funcionarios locales de policía para ejecutar control.
Las personas incluidas en la base de datos desconocen este hecho, por lo que no pueden cambiar la situación. Los defensores de las libertades civiles dicen que esa práctica no permite a la gente defenderse.
«Una vez que determinan que uno es terrorista, eso puede permanecer a lo largo de su vida sin que tenga la oportunidad de influir en ello», afirmó Chris Calabrese, consejero de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
Timothy Healy, director del centro de detección terrorista, cree que la agitación por la base de datos es exagerada, sobre todo porque hay muchas más razones por las que se somete a la gente a registros adicionales en los aeropuertos. Explicó que de las 200.000 personas que se quejaron al Departamento de Seguridad Nacional sospechando que estaban en la lista de potenciales terroristas por equivocación, menos de 1% en realidad resultaron estar en esa base de datos.
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