Militarización, miedo y muerte en el Bajo Aguán

El conflicto en el Bajo Aguán, es de antigua data, y su origen es el reclamo de las familias campesinas por el acceso a las tierras cultivables. La Reforma Agraria de 1974, fijó un límite de 300 hectáreas, pero en la práctica su tímida aplicación no logró eliminar el latifundio ni el minifundio. En ese entonces, el gobierno invirtió recursos para mejorar las infraestructuras económicas en el Valle del Bajo Aguán, como carreteras o sistemas de drenaje. La intención de la Reforma Agraria era promover la utilización de dos recursos abundantes en el país: tierra y mano de obra. Su propósito era lograr la transformación de la estructura agraria del país e incorporar a la población rural al desarrollo integral de la nación. Con la producción de Palma africana y su procesamiento industrial, y también el cultivo de cítricos, se creó empleo en las áreas rural y urbana, y se lograron avances en el desarrollo de la región que tenía a la ciudad de Tocoa como cabecera.

En marzo de 1992, el gobierno de Rafael Callejas sanciona la «Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola», que cambia totalmente la estrategia y promueve la concentración de la propiedad en grandes latifundios. La norma prohíbe las tomas de tierras y la expropiación por parte de las autoridades. Esta nueva legislación aumentó el interés de las grandes empresas, que finalmente se hicieron con fincas de miles de hectáreas. Las políticas neoliberales alentaron el desempleo y la marginación campesina cuando los terratenientes redujeron la mano de obra y los salarios. Estas medidas, sumadas al aumento de la población, crearon el escenario propicio para los enfrentamientos de campesinos sin tierra y asalariados con los terratenientes. Algunos de ellos, como el caso de Miguel Facussé, el palmicultor más poderoso, fueron acusados de haberse apoderado de miles de hectáreas con métodos fraudulentos pagándolas a menos del 10% de su valor real. Y en los últimos años, este grupo empresarial es señalado por el M.U.C.A. (Movimiento Unificado Campesino del Aguán) como responsable de asesinatos y otras agresiones a través de los guardias armados de sus propiedades.

Miguel Facussé es propietario de empresas como Químicas Dinant, Mejores Alimentos, Exportadora del Atlántico, así como de las procesadoras de aceite de palma en la zona del Bajo Aguán con financiación de organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial. Fue uno de los impulsores del golpe de estado contra Manuel Zelaya, a quien consideraba un enemigo de sus intereses por atender los reclamos de los campesinos y haber fijado un aumento de los salarios mínimos de los trabajadores.

El gobierno de Porfirio Lobo, de ilegítimo nacimiento porque surgió de elecciones convocadas por el régimen de facto de Roberto Micheletti, no asumió nunca un diálogo real con las organizaciones campesinas, ni adoptó medidas para buscar una salida pacífica al conflicto agrario. No intentó poner en marcha políticas efectivas de respeto a los derechos humanos, a la seguridad pública, ni la erradicación de la impunidad. Durante su mandato han sido denunciados decenas de asesinatos, entre ellos los de 14 periodistas y comunicadores, en particular en San Pedro Sula y en Tegucigalpa.

Lobo siguió apoyando el modelo basado en el agro-negocio y el acaparamiento de tierras, en vez de promover políticas para fomentar la agricultura campesina sostenible. Por eso el M.U.C.A y las familias campesinas siguen reclamando del estado un mayor acceso a la tierra cultivable, mientras el gobierno solo parece preocupado por los intereses de la oligarquía terrateniente y las multinacionales de matriz norteamericana que están en la región. En abril del 2010, el M.U.C.A. firmó un acuerdo con el gobierno, por el cual se fijaba la entrega a las familias campesinas de 3.000 hectáreas sembradas con palma africana y otras tres mil sin cultivar. Lobo prometió entonces que otras 5.000 hectáreas se entregarían en un año. Los campesinos denuncian su incumplimiento. Un reciente informe de la Misión de Verificación Internacional confirma que el gobierno no ha cumplido sus promesas. Precisa dicho informe, que luego del golpe de estado del 2009, en Honduras aumentó el número de muertes, amenazas e intimidaciones contra los campesinos en las tierras del Bajo Aguán. Y añade: «la criminalización de la protesta social, en particular del movimiento campesino, ha tomado la característica de imputar diversos procesos a los líderes de la comunidad. Tal acoso, sumado a la dudosa imparcialidad de determinados medios de comunicación, ha degenerado en una estigmatización y criminalización de los campesinos y campesinas del Bajo Aguán».

La militarización de la zona del Bajo Aguán, donde ya existe una fuerza naval, un batallón del ejército, policías y centenares de guardias privados, fue reforzada por el gobierno cuando hace unos días dispuso ejecutar el operativo «Xatruch II», que según el ministro de Seguridad Oscar Álvarez, implica la movilización de un millar de policías y militares en esa región. Según las denuncias de organizaciones campesinas se retienen y desvían vehículos, se realizan procedimientos arbitrarios, y se producen agresiones violentas contra los miembros de las comunidades. En el último trimestre del 2010 fueron asesinadas en la región 16 personas. En lo que va del año esas cifras se han duplicado. Y en los últimos 30 días se han producido varios crímenes «selectivos» contra líderes o miembros de las organizaciones campesinas. Ninguno de ellos ha sido esclarecido.

El 23 de julio, fue asesinado Julián Alvarenga, apreciado dirigente del MUCA que lideraba la empresa campesina Isla Uno en la margen izquierda del Aguán. Resultó gravemente herido otro campesino, Santos Dubón. El suceso ocurrió en proximidades del mercado municipal de Tocoa, cuando ambos compraban alimentos. Entre el domingo y el lunes de la pasada semana hubo varias matanzas en Colón con un saldo de once muertos y quince heridos. El último fin de semana, tres cortadores de fruta José Concepción Guevara, Ever Laín Hernández y Nelson David Hernández fueron baleados en la finca El Camarón, en Bonito Oriental y trasladados a un centro asistencial en Tocoa. En las últimas horas fue asesinado por sicarios Secundino Ruiz Vallecillo, coordinador del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (M.A.R.C.A.). En el mismo ataque resultó también herido el dirigente Eliseo Pavón Avila. Y ayer domingo, el vicepresidente del M.U.C.A. Pedro Salgado y su esposa, Reina Mejía, fueron asesinados en su casa a tiros y golpes de machete por un grupo de desconocidos.

«Sabemos que en este país todas las personas que luchan por conquistar sus derechos son alcanzados por las balas, y es lo que está sucediendo en la zona», afirmó el secretario general del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Jhonny Rivas. Se preguntó como era posible que si el valle del Aguán está bajo control de la fuerza militar, los sicarios puedan seguir operando con toda impunidad. El dirigente campesino afirmó que el asesinato de los dirigentes «está planificado por los terratenientes para intimidarnos, frenar el proceso que llevamos y meter terror en la zona».

El gobierno de Porfirio Lobo cubierto por un barniz democrático, resulta en los hechos un continuador de los ejes fundamentales del gobierno golpista y dictatorial de Micheletti.

El regreso pactado del ex presidente Manuel Zelaya y las relativamente consentidas movilizaciones del Frente de Resistencia, sirvieron a Lobo para obtener patente de una cierta «legalidad», concedida por los gobiernos latinoamericanos y luego por los del resto del mundo. Cuenta para ello con el permanente respaldo de los medios de comunicación, cuyos propietarios, en su gran mayoría, forman parte de las «familias» que detentan el control del poder económico y político del país. Hagamos un breve recuento: los diarios «La Prensa”, de San Pedro Sula, y «El Heraldo» de Tegucigalpa, son de propiedad de Jaime Larach Canahuati, vinculado y con similares intereses al grupo de las «familias». «La Tribuna» de San Pedro Sula, tiene como principal accionista al ex presidente Carlos Roberto Flores Facussé, por supuesto, familiar del terrateniente del mismo apellido.

Jaime Rosenthal Oliva, un empresario y banquero es propietario del diario «Tiempo», de Tegucigalpa. La televisión hondureña tiene prácticamente un solo amo: José Rafael Ferrari, propietario de una red de cobertura nacional que entre otros integran los canales 5, 7 y 13. El mismo personaje es propietario de varias cadenas radiales. Todo ello conforma un coro mediático que suele entonar las mismas «noticias», con similar tratamiento donde utilizan profusamente la manipulación, la mentira y el ocultamiento de lo que realmente sucede. El vínculo de los medios con el poder es tan fuerte, que cuando la dictadura de Micheletti podían proclamar que «la prensa trabaja sin inconvenientes», porque los únicos perseguidos, censurados y baleados fueron algunos audaces medios pequeños y alternativos que quisieron ejercer su independencia informativa.

El conflicto en el Bajo Aguán no es más que uno de los síntomas de la continuidad de un sistema de poder que se basa en el control político, económico y social que ejercen unas minorías en perjuicio de gran parte de la población hondureña. Recordemos que el país centroamericano tiene un nivel de pobreza que supera el 60%, y el ingreso anual bruto per cápita – uno de los más bajos de América Latina – es de 2.600 euros

(distribuido claro está, con absoluta inequidad). San Pedro Sula, tercera ciudad y capital industrial, es una de las más peligrosas del mundo por los asesinatos y hechos de violencia. La costa norte y la frontera con Guatemala es una franja de alto riesgo donde los traficantes campean a sus anchas. El reemplazo de policías por guardias privados ha distorsionado totalmente el concepto de seguridad pública. El informe de la «Comisión de la Verdad y la Reconciliación», nombrada por el gobierno de Lobo y que presuntamente intentaba esclarecer las responsabilidades en el golpe de estado del 2009, concluyó distribuyéndolas salomónicamente entre el propio Manuel Zelaya y quienes le derrocaron. Eso sí, determinó que sí fue un golpe de estado y no la «sucesión constitucional» que argumentó el presidente interino Roberto Micheletti. Pero el dictamen, de todos modos, no ha tenido ningún efecto práctico. Jefes militares que se prestaron a violar la Constitución y la Ley han sido «premiados» con altos cargos retribuidos al pasar a la vida privada. La impunidad cubre incluso al ex dictador Roberto Michelletti, «mascarón de proa» del golpismo que volteó el gobierno de Zelaya. En un reciente documento de análisis de la realidad nacional publicado por el Frente de Resistencia se afirma que «en Honduras no hay pobres sino empobrecidos. El país cuenta con importantes riquezas naturales, como agua, valles fértiles, minerales y bosques; pero la oligarquía depositaria del poder se ha apoderado de todos estos recursos y los explota para su beneficio exclusivo, condenando al resto de la población a condiciones infrahumanas. Son pues los rasgos fundamentales de este modelo constitucional, la explotación, la marginación, la exclusión, la corrupción y la represión.» Como población en resistencia exigen un cambio de modelo, «un cambio que permita la plena participación del ciudadano en los asuntos de trascendencia nacional, como expresión de la voluntad soberana. Es decir, exijamos más democracia. Una nueva Constitución.»

El ex presidente Zelaya, ya de regreso en el país, encabeza movilizaciones y actividades del Frente Nacional de Resistencia Popular, con el que espera concurrir a las elecciones del año 2013. Un difícil desafío de organización y lucha para el pueblo hondureño, acosado por la pobreza, el alto paro de la juventud y el constante hostigamiento represivo.

Pero este pueblo hermano – el de «¿quien dijo miedo?» – ha demostrado sobradamente su capacidad de lucha y de resistencia.