Emilio Marín
La Arena
El presidente Juan Manuel Santos quiere presentar un nuevo rostro de Colombia. Lo mostró en la Unasur. En su país siguen los crímenes, desapariciones y hasta la ex senadora Piedad Córdoba debió exiliarse por las amenazas.
El presidente Juan Manuel Santos, asumido en la Casa de Nariño de Bogotá el 8 de agosto de 2010, es un dilecto hijo de la clase oligárquica y aliado de la superpotencia norteamericana, de gran injerencia en los asuntos políticos, económicos y militares.
El hombre fue ministro de Defensa de Alvaro Uribe (2002-2010) y pieza decisiva en la concesión a Washington de bases militares. También del operativo aéreo y de Ejército con que bombardearon e invadieron Ecuador, donde fue asesinado Raúl Reyes, una veintena de guerrilleros y algunos estudiantes visitantes mexicanos.
Aún con ese prontuario a cuestas, Santos busca poner cierta distancia con Estados Unidos. En la cumbre de Unasur en Lima, fue el primero en plantear que la región debía blindarse ante la crisis internacional. Su iniciativa fue elogiada por sus colegas sudamericanos, comenzando por Cristina Fernández de Kirchner.
Reciclado de imagen
Casi inmediatamente, el 18 de agosto pasado, el colombiano llegó a Buenos Aires. Firmó ocho convenios que no tenían gran importancia comercial, pues se referían a transporte urbano y por carretera, hidrovías y puertos, y a transferencia tecnológica para la promoción comercial. El sentido político era lo sobresaliente. «Mi visita es un descongelamiento en nuestra relación, hace más de diez años que no venía un presidente colombiano», señaló. CFK lo elogió: «Para nosotros es algo más que un presidente, es un amigo y hemos trabado una excelente relación personal».
El reciclado de su imagen de proyanqui todoterreno lo hizo compartir un homenaje a Néstor Kirchner, organizado por La Cámpora. Sus amigos conservadores de Buenos Aires, como «La Nación», no lo podían creer. Habrán pensado que eso, más que flexibilidad, era oportunismo.
Mostrando los límites de esa oxigenación del «establecimiento» (Estado), ese mismo día, 18 de agosto, salía del país la ex senadora Piedad Córdoba. Había sufrido muchas amenazas de muerte, de quienes no le perdonan que haya servido de nexo civil con la guerrilla de las FARC, permitiendo en los últimos tres años al menos seis liberaciones de los retenidos de esa guerrilla. La política gubernamental procura el exterminio de esos rebeldes y no admite negociaciones para un acuerdo humanitario. Hay una decena de militares y policías en manos rebeldes, y 7.500 presos políticos en las deplorables cárceles del Estado. Los primeros liberan, Santos no.
Por perseverar en ese diálogo y peticiones a ambas partes (sólo obtuvo respuesta positiva de la agrupación comandada por Alfonso Cano), Córdoba fue separada del Senado y penada con la imposibilidad de ejercer cargos públicos durante 18 años. El procurador Alejandro Ordóñez promovió esas condenas en septiembre del año pasado. Ahora ella debió exiliarse.
Tiren contra Piedad
Una semana antes del exilio forzoso la ex parlamentaria presentó una exhortación pacifista a la guerrilla para que libere a sus retenidos. Su petición fue acompañada de las firmas de personalidades de derechos humanos como las premios Nobel de la Paz, Jody Williams y Rigoberta Menchú, la senadora uruguaya Lucía Topolanski, la escritoras Elena Poniatowska, de México; Alice Williams, de Estados Unidos, e Isabel Allende, de Chile; más Danielle Miterrand, de Francia; y Mirta Baravalle, de las Madres de la Plaza de Mayo, etc.
La ex senadora hacía esa solicitud a los insurgentes no porque los considere «los malos de la película». Entiende que es la única parte dispuesta hoy a hacer aportes a la paz. Si ellos daban ese primer paso, a Santos se le haría cuesta arriba permanecer en su cerrazón militarista.
«Este nuevo gesto podrá desencadenar compromisos ciertos para la humanización de la situación de los combatientes y de la población civil, y el eventual inicio de un diálogo que propicie una salida política negociada al conflicto interno», se podía leer en la misiva.
Amiga de Chávez
El 8 de agosto, tres días de esa iniciativa, el presidente había aclarado que no había autorizado a nadie a iniciar contactos para un diálogo con los guerrilleros. El único lenguaje que está dispuesto a hablar es el de los operativos militares, los bombardeos, las recompensas, la delación, la tortura indefinida, los secuestros, etc.
Un sector importante de la población, ganada por esa política de Santos, acuerda con la solución militar. Por eso votó primero a Uribe, lo reeligió y finalmente le abrió a Santos la Casa de Nariño. Esa parte de Colombia odia a Piedad Córdoba, que sin ser guerrillera ni muchos menos (era senadora disidente del Partido Liberal), incurrió en dos delitos muy graves en su terruño. Uno, fue facilitadora de las negociaciones para liberar retenidos. Dos, es amiga de Hugo Chávez. A raíz de la enfermedad de éste, le dirigió mensajes públicos de solidaridad y amistad, correspondidos por el convaleciente vía Twitter.
En los años de Uribe y hasta el final de su mandato, Bogotá estuvo a un paso de una agresión armada contra Venezuela, pretextando que allí había campamentos de insurrectos colombianos.
Cómo será la mala imagen de Piedad entre la derecha colombiana, que un dirigente de la Confederación de Fútbol, Alvaro González, a raíz del despido del DT «Bolillo» Gómez, que había golpeado a una mujer, manifestó: «Si Piedad Córdoba fuera agredida por un hombre, estaría todo el mundo aplaudiendo».
Escuchas ilegales
El 18 de agosto último Piedad Córdoba salió del país con su hija y Santos buscaba chapa de progresista con los muchachos kirchneristas de La Cámpora. Pero ese día había algo más, que relacionaba a ambos personajes. El ex presidente Uribe comparecía ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para declarar por la causa de las «chuzadas» (intercepciones) telefónicas de la Dirección Administrativa de Seguridad (DAS, policía secreta) contra políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, jueces, etc.
La ex jefa del DAS, María de Pilar Hurtado, acorralada por las denuncias, ya estaba asilada en Panamá y resiste un eventual pedido de extradición, invocando «estatus de asilo territorial».
Todo el mundo sabe que Hurtado espió ilegalmente siguiendo las directivas de Uribe, pero éste lo negó en la audiencia. Sólo admitió que le preguntó al DAS por determinados personajes contrarios a su gobierno, caso de Córdoba, pero sin ordenar pinchar teléfonos ni mails. Lejos de pedir disculpas a la ex senadora, el ex presidente justificó esas prevenciones debido a los supuestos vínculos de Córdoba con la guerrilla.
Esa circunstancia debe haber sido la última gota que colmaba el vaso, y decidió a la aludida a salir de Colombia, temiendo por su vida. Su abogado Luis Guillermo Pérez justificó ese exilio temporal diciendo que «estas intimidaciones han sido constantes, le dijeron que se estaba fraguando un atentado para matarla».
Peor para sindicalistas
Lo notable es que la Corte Suprema de Justicia declaró inválidos los supuestos mails que la DAS, la Policía Nacional y el Ejército dijeron haber obtenido de las computadoras incautadas en 2008 en el campamento donde asesinaron a Raúl Reyes. La Procuración de Ordóñez armó un proceso de destitución de Piedad como senadora, argumentando esos presuntos mails. Ahora que el más alto tribunal dictaminó que esas informaciones no son válidas para la justicia, ¿se anulará la destitución? No. Quedó bien firme. Y peor aún, Ordóñez anticipó que impulsará un nuevo expediente contra la mujer, basándose en supuestos mails de las computadoras halladas cerca del cuerpo del comandante Jorge Briceño, «Mono Jojoy», asesinado en 2010 en Macarena.
Tanta persecución contra la democrática Piedad no son la situación más grave pues hay otros casos peores, por caso para los sindicalistas. «Colombia es el país más peligroso del mundo para los sindicalistas: Confederación Internacional» titulaba un cable del 8 de junio pasado la Agencia EFE. Puntualizaba que la Confederación Internacional de Sindicatos (CIS) había denunciado ante la 100º Conferencia de la OIT, «que 49 activistas fueron asesinados en Colombia en 2010, lo que representa el 55 por ciento de los sindicalistas muertos en todo el mundo». La mala puntería hizo que otras 20 sindicalistas víctimas de atentados pudieran salvar la vida.
Periodistas, campesinos, estudiantes y desplazados, también la pasan mal; junto a los anteriores y los luchadores populares nutren la impresionante lista de 61.000 desaparecidos. A estos temas no los canta Shakira, siempre más cerca de Miami que de Antioquia o el Putumayo.