“Esas amenazas se han presentado en su mayoría en Valle (suroeste), Cauca (suroeste), Antioquia (noroeste) y Nariño (suroeste)”, indicó el general.
Asimismo, detalló que 465 uniformados conforman el grupo de protección que custodiarán las sedes políticas, el perímetro de las residencias y los eventos a los que asistan.
El funcionario señaló que en la ciudad capital, Bogotá, se implementó un riguroso esquema de seguridad para todos los aspirantes a la alcaldía e instituciones públicas.
“En Bogotá tenemos dos casos puntuales de amenazas contra dos candidatos a ediles en la localidad de Sumapaz (extremo sur de la capital). El compromiso del Gobierno es prestar seguridad a todos los candidatos donde hemos detectado un nivel de riesgo importante», puntualizó.
28 candidatos han sido asesinados
El pasado 16 de agosto, el congresista del Polo Democrático, Camilo Romero, cuestionó las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno para la protección de los candidatos en todo el territorio.
Para entonces, denunció que 28 aspirantes habían sido asesinados en toda Colombia, 66 aspirantes amenazados y cerca de 980 municipios que están en riesgo de seguir perdiendo a sus líderes políticos debido a los precarios mecanismos de protección.
Romero indicó que el riesgo se centraba en departamentos como Antioquia, Córdoba, Arauca, Meta y Nariño.
“Yo entiendo manifestaciones públicas, ciudadanas y emotivas que reclaman a los actores ilegales, pero nosotros tenemos un Gobierno que es nuestro responsable y es a quien tenemos que acudir para que resuelva problemáticas como esta”, enfatizó.
El senador aseguró que algunos ex congresistas presos por sus nexos con el paramilitarismo continúan ejerciendo el control en los procesos electorales de sus regiones.
“Un ex parlamentario preso de Cambio Radical del Chocó, sigue haciendo actividad política, invitando por los medios locales a votar por los candidatos de su partido”, recordó el congresista.
El senador del partido de la U, Juan Lozano, le solicitó al ministro colombiano del Interior que plantee posibles soluciones ante la preocupante situación que se presenta en algunas zonas del país, donde grupos armados ilegales y delincuenciales intentan cambiar la intención de voto de los colombianos.
Por su parte, a inicios del mes de agosto, el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, señaló que el Gobierno Nacional brinda todas las garantías de seguridad a los candidatos.
«Estamos avanzando en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa para ofrecerles a más de 100 mil candidatos que se van a inscribir, las suficientes garantías, con el propósito de que puedan participar con absoluta libertad en el proceso electoral», afirmó el titular de la mencionada cartera.
Pese a que ofreció garantías para los “más de 100” aspirantes, aclaró que es imposible contar con un esquema de seguridad para cada uno de los candidatos, en este sentido, indicó que se priorizarán las personas que ya han recibido amenazas.
“A las personas que tienen una situación de alto riesgo, de acuerdo con los estudios adelantados por las autoridades pertinentes, se les brinda una protección particular, siempre haciendo énfasis en aquellos municipios en donde las situaciones previamente hayan sido determinadas como de mayor riesgos», enfatizó.