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El llamado «Plan Brasil Mayor» -presentado como una nueva política industrial, tecnológica, de servicios y comercio exterior- prevé exenciones fiscales, la devolución de impuestos, ofertas de crédito barato a exportadores y la reducción de los costos laborales para las industrias más afectadas por la apreciación del real y por la crisis global, que redujo la demanda en los países más desarrollados.
Incluye, además, incentivos para las empresas que inviertan en innovación y en la modernización de su parque productivo, así como la protección de las industrias nacionales del comercio desleal y facilidades para que participen en las licitaciones de compras gubernamentales.
«Brasil tiene condiciones para enfrentar una crisis internacional prolongada, pero no puede declararse inmune a sus efectos. En este momento, necesitamos coraje para proteger nuestras fuerzas productivas, nuestro mercado consumidor y nuestro empleo», destacó Rousseff, quien estuvo rodeada de ministros y líderes del sector en el lanzamiento del plan. «Es imperativo protegernos del comercio desleal y de la guerra cambiaria, que reducen nuestras exportaciones e intentan disminuir un mercado interno que construimos con mucho esfuerzo», explicó.
La presidente aclaró que el principal desafío es proteger a Brasil sin recurrir al proteccionismo que perjudica a todo el mundo. Agregó que su gobierno seguía comprometido con controlar la inflación, que ha subido por encima del rango meta oficial este año.
El ministro de Hacienda, Guido Mantega, señaló que el conjunto de medidas buscar fortalecer a la industria y darle condiciones para competir en «el ambiente muy adverso en el que estamos viviendo». Explicó que las empresas brasileñas perdieron competitividad tanto en el exterior como en el mercado interno por la política de algunos países de mantener sus monedas artificialmente devaluadas. Esta «guerra cambiaria», la reducción de la demanda en los mercados más ricos y la «competencia predadora de empresas de otros países que buscan mercados a cualquier costo» afectaron las exportaciones y generaron una avalancha de productos importados, agregó.
Mantega aclaró que con el plan se tuvo el cuidado de no violar las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con el objetivo de dar a la industria brasileña igualdad de condiciones para competir con las de afuera. «El mercado brasileño tiene que ser disfrutado por empresas brasileñas y no por los aventureros que vienen de afuera», subrayó.
Programa de incentivo
Una de las medidas del plan exime por completo del pago de aportes al Seguro Social sobre la nómina a las empresas «de sectores sensibles al cambio y a la competición internacional y que son intensivos en mano de obra, como confecciones, calzados, muebles y software».
Estipula, además, la devolución de los impuestos sobre algunas exportaciones, fortalece la defensa comercial y crea regímenes tributarios especiales para industrias sensibles.
El Gobierno incluyó también en la reglamentación de la Ley de Compras Gubernamentales una norma que establece un margen de preferencia para empresas nacionales de hasta 25 por ciento en las licitaciones para las adquisiciones de productos manufacturados y servicios.
Para fortalecer la industria nacional ante prácticas desleales en el comercio internacional, el plan aumenta de 30 a 120 el número de auditores encargados de investigar las acusaciones de dumping y reduce de 15 a 10 meses el plazo para tales investigaciones.
Otra norma establece un régimen especial para las empresas del sector automotor que aumenten sus inversiones, le añadan valor a sus productos, transfieran tecnología y generen empleo e innovación. Igualmente, para incentivar la inversión en innovación, el Gobierno creó una línea de crédito especial con recursos por unos 1.280 millones de dólares.