rubèn ramos*
El presente artículo muestra de manera resumida y desde una perspectiva histórica, el marco dentro del cual se inscriben los procesos de generación y desarrollo de las políticas y sistemas de la educación nacional en sus diferentes niveles y modalidades.
Se trata, en primer término, de los marco-macro diseñados e impulsados por los organismos financieros internacionales (Banco Mundial, FMI, AID, BID) y aprobados por los mandatarios de todos los países del mundo que adhieren al modelo neoliberal. Debo advertir que estos marco-macro fijan, no sólo las políticas y sistemas nacionales de educación, sino también los de salud, justicia, trabajo, derechos humanos, producción, crecimiento económico y otros.
En segundo término, pasaré revista a los marcos doctrinarios dentro de los cuales se inscriben tanto las políticas como los sistemas de la educación en sus diferentes niveles y modalidades, así como al rol desempeñado por la UNESCO.
En tercer lugar, haré una breve reflexión sobre dos de las instituciones que fungen en el Perú como las “pensantes” en materia de educación. Esto, a propósito del reciente nombramiento de la ministra de educación del gabinete Humala.
Sostengo la hipótesis de que es necesario un entendimiento menos complaciente y “provinciano” del acontecer educativo en nuestro continente y en el Perú en particular. Esta es una exigencia básica para asumir que la crisis educativa en nuestros pueblos y sus magros niveles de calidad y equidad, se entroncan con políticas y sistemas que no se inscriben, y mucho menos se deciden, dentro de los límites que imponen nuestras realidades y nuestras soberanías y autonomías nacionales, o con supuestos “gurús” apoyados por la institucionalidad mediática.
Los marco-macro
Son, fundamentalmente:
1. El Consenso de Washington (1990), que definió las perspectivas del desarrollo de los países deudores de América latina, el Caribe, África y Asia. Impuso los llamados Programas de Ajuste Estructural (PAE), orientados a forzar “cambios estructurales” a través de la privatización de la economía, el fin de las políticas sociales, la regulación del mercado, el pago de los intereses de la deuda externa y la inserción de las economías deudoras en el mercado internacional, como proveedoras de materias primas.
2. La Declaración y Objetivos del Milenio (2000) que precisó las metas a alcanzarse en materia de “desarrollo social” al año 2015, como fecha límite, en los países subdesarrollados.
Los marcos doctrinarios de la “educación para todos”
En lo que toca a la educación básica, en sus diferentes modalidades, las políticas a seguir se definieron en las conferencias mundiales de Jomtien en 1990 y de Dakar en el 2000 y fueron expuestas en el llamado “Proyecto de Educación para Todos”. Para la educación superior, los marcos de políticas y acciones lo constituyen las Conferencias de París de 1998 y del 2009 realizadas en la capital francesa.
En el caso de la educación básica, y a menos de 4 años para la “fecha límite” de cumplimiento de lo previsto en Dakar, la UNESCO, como organismo encargado de brindar la asistencia técnica requerida y de asegurar que los objetivos y las metas se cumplan, no ha podido mostrar resultado verificable alguno, en algún lugar. Fiel a su tradición de cotejar cifras y estadísticas, apenas cuantitativas, este organismo ha corroborado una vez más su nefasta trayectoria histórica de intermediación manipuladora de la educación y la cultura al servicio de la reproducción del orden de la inequidad y la exclusión de millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo. Lo propio se puede decir de su papel como entidad “reguladora” de la educación superior. La crisis por la que atraviesa este nivel educativo encargado de la formación profesional, la investigación científica y la proyección social es, sin lugar a dudas, su más ruidoso y extenso logro. El más grande servicio a la irracionalidad del mercado está hoy en las universidades. Este, es el mérito de uno de los organismos burocráticos más extendido en el mundo, perteneciente a la estructura institucional de la ONU.
El caso Perú
El Perú no ha sido ajeno a la impronta del Proyecto de Educación para Todos surgido de Jomtiem y de Dakar y a la ingerencia manipuladora de la UNESCO. Una y otra conferencias y sus respectivas Declaración y Marco de Acción, se hicieron bajo la orientación, dirección y auspicio del Banco Mundial, el FMI, la propia UNESCO y la OCDE.
En Jomtien” en 1990 se fijaron once objetivos orientados a lograr la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Eran los tiempos del Consenso de Washington y la caída del muro de Berlín. El mercado internacional necesitaba de la “inclusión” de mano de obra barata con un mínimo de competencias básicas (leer, escribir, calcular).
En el 2000, tras ser evaluados los logros alcanzados y evidenciarse su fracaso, se redefinieron los principios y las políticas en función de las nuevas condiciones del mercado y de la extensión de la informática a las economías “en vías de desarrollo”. Los objetivos de Jomtien se redujeron a seis, buscando hacerlos compatibles con los Objetivos del Milenio propuestos por la ONU. Así, el “Marco de acción de Dakar” fijó como requisito previo, la constitución de “foros nacionales de educación para todos” en cada país suscriptor del acuerdo. Estos foros recibieron el encargo de llevar a cabo “diagnósticos nacionales” sobre los seis objetivos fijados y elaborar sus respectivos “proyectos nacionales de educación para todos” con metas precisas que no podían exceder la fecha límite del 2015.
El plazo fijado para la constitución de los “foros nacionales” fue el año 2002, y así lo hicieron todos los países comprometidos, excepto el Perú que recién en el 2003 constituyó su “foro nacional” integrado por todas las ONGs que de una u otra manera trabajan el tema educación, las universidades públicas y privadas. Las asociaciones de pueblos originarios, el ministerio de la mujer, de educación, las organizaciones sindicales del magisterio y otras. Este “foro” dio a conocer el “Proyecto nacional de educación para todos” recién en el año 2005, luego de haber realizado el “diagnóstico” sobre los seis objetivos impuestos por el “Marco Acción de Dakar”.
Debe aclararse que el “Proyecto nacional de educación para todos” no es lo mismo que el “Proyecto educativo nacional” aprobado en el 2007 por el presidente García, tras varias consultas públicas fallidas. El “Proyecto nacional de educación para todos” es un macro proyecto que compromete el cumplimiento de las metas de Dakar al 2015 a través del financiamiento del Grupo del Banco Mundial, el BID y la USAID. El “Proyecto educativo nacional” (PEN), es la propuesta sobre educación que plantea el “Consejo Nacional de Educación” (CNE). La frondosidad de políticas, objetivos, actividades, así como su confusión teórica y metodológica, constituye el rasgo que los hace muy parecidos. Por algo vienen de los mismos “cerebros”.
El CNE, es un organismo surgido en el Gobierno de Transición del año 2000. Agrupa a las más disímiles “personalidades” de la educación nacional y es la expresión pública de la ONG “Foro Educativo”, que controla fondos privados internacionales para sus propios fines. Los integrantes de esta institución lo son por igual del Consejo Nacional de Educación, y de su estructura han salido y siguen saliendo todos los ministros, viceministros y funcionarios del ministerio de educación. Tanto Foro Educativo como el CNE son instituciones creadas y controladas por el sacerdote jesuita Ricardo Morales (quien actualmente preside el Fondo Nacional para la Educación Peruana (FONDEP) y por allegados a éste. Algunos de origen judío, otros, ex-dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP), viejos ex-ministros y autoridades del sector educación, tecnócratas de organismos internacionales, sacerdotes de Fé y Alegría y del Consorcio de colegios católicos del Perú. Todos, de mediocre trayectoria durante los regímenes anteriores y posteriores a la reforma educativa del general Velasco, pero con una gran presencia en los medios de difusión escritos, radiales y televisivos, desde donde “pontifican” sobre generalidades de la problemática educativa, sin arribar a planteamiento metodológico alguno.
En este contexto, marcado por la ingerencia del BM, la intermediación de la UNESCO y el fracaso de la gestión del ex-ministro Chang y de sus viceministros (todos de la ONG Foro Educativo y del Consejo Nacional de Educación), el nuevo gobierno de Ollanta Humala ha depositado su confianza para el ministerio de educación, en una integrante de ese foro y ex-presidenta del CNE. Méritos a los que habría que agregar su vieja pertenencia, como estudiante y docente, a una de las universidades confesionales católicas de la orden marianista, de la ciudad de Arequipa.
Retomando lo que alguna vez dijo respecto de que “hay que superar la visión formalista o burocrática de las políticas para verlas como un compromiso del Estado con la ciudadanía”, restaría apuntar tres consideraciones fundamentales y consustanciales para hacer de este presupuesto una realidad. Primero, deslindar con el BM y la UNESCO respecto de quién fija las políticas educativas para el país, a fin de asegurar la necesaria resistencia y construcción alternativa a la reproducción de un modelo educativo hecho para la desigualdad y la pobreza. Segundo, deslindar con la rancia burocracia de los pontífices de la educación, sin realidad ni experticia, enquistados en la cúpula del CNE, y de Foro Educativo. Tercero, pero no por esto el menos importante, construir auténticas políticas desde los propios actores sociales implicados: los padres de familia, los maestros y los estudiantes, en cada realidad concreta.
*sociólogo y educador peruano.