Antes de entablar el diálogo con el profesor Raúl Molina Mejía resulta harto dificil ignorar los recientes sucesos, en el marco del proceso electoral 2011. Sólo en el mes de junio, tenemos un triste registro: 10 asesinatos políticos.
El total de candidatos, funcionarios y/o familiares asesinados de enero a junio alcanzó la cifra de 30, señaló la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH en su boletín que analiza la situación del proceso electoral 2011. Esta situación -como otras – deja al desnudo la impotencia del Estado guatemalteco para combatir la impunidad y llegar al fondo de las cosas.
«En la Guatemala de hoy, cualquier cosa puede pasar», subraya Raúl Molina Mejía, Secretario de Relaciones Internacionales de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) y critica también la candidatura del ex militar Otto Pérez Molina, del derechista Partido Patriota (PP), por ofrecer «mano dura» en un momento en que el país está sumido en la violencia.
«Como no podrá «pacificar», se producirá al contrario un incremento de la violencia del Estado, la población le pasará la factura antes de un año», advierte Raúl Molina Mejía autor de un estudio: «El derecho de los guatemaltecos en el exterior a elegir y ser elegido», presentado en el seminario organizado por el Congreso Nacional de Guatemala, diciembre de 2004. Otro importante documento: «Forzado y desaparición forzada de personas en los países en la represión», presentado por nuestro entrevistado en la Conferencia Internacional sobre la falta organizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra. Por todo ello esta entrevista adquiere por sus reflexiones para la pacificación nacional y la necesidad de repensar en la democracia en Guatemala.
Jaime Padilla (JP).- En el momento en que se produce esta entrevista, apenas semanas han pasado de la trágica muerte en Guatemala del trovador argentino Facundo Cabral. ¿A su criterio es un acto de terror político para crear miedo e intimidación ante la proximidad de las elecciones en el país o un crimen fortuito?
Raúl Molina Mejía (RMM).- Aunque ha pasado una semana desde este execrable asesinato, que nos ha llenado de dolor, es muy temprano para sacar conclusiones. En la Guatemala de hoy, cualquier cosa puede pasar, por lo que la hipótesis del crimen por equivocación del narcotráfico es tan válida como la interpretación de algunos de que la motivación sea política. En todo caso, hay dos hechos concretos: es una acción del “crimen organizado”, porque la ejecución por “escuadrón de la muerte” no es delincuencia común; y el acto ha tenido un impacto politico muy fuerte, porque ha hecho recordar las estructuras paralelas para asesinar o desaparecer personas de la época represiva. De hecho, se sabe que muchas de esas estructuras, con sus dirigentes militares, han pasado a engrosar las filas del “crimen organizado”, así como que los kaibiles, aparato de muerte del ejército guatemalteco, prestan servicio al cartel de los Zetas en México. En un país que ha sufrido la violencia hasta sus últimas consecuencias, el “magnicidio” de Cabral repercute enormemente en el plano político.
JP.- En su país la violencia electoral comenzó desde enero pasado, con el homicidio del delegado del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En junio reciente varios candidatos fueron asesinados. ¿Quienes ejercen la violencia?
RMM.- El inicio de la violencia electoral puede ubicarse en el homicidio de enero; pero la violencia política que afecta el proceso electoral viene desde antes. Más de 20 líderes y militantes del movimiento social fueron asesinados a lo largo de 2010, en forma semejante a como ha ocurrido en Honduras desde el golpe de estado. En junio reciente fue más evidente la acción en contra de candidatos, porque el proceso se abrió oficialmente sólo a principios de ese mes. No hay cifras del primer semestre sobre activistas políticos que hayan caído dentro de esa cauda de 18 homicidios diarios a lo largo y ancho del país. Los responsables de la violencia electoral son grupos de poder, nacional o local, que quieren quitar obstáculos a la satisfacción de sus propios intereses –intereses que pueden ser del “crimen organizado” o económicos y políticos. Hay interesados en desgastar, aún más, a Colom y su partido; hay interesados en marcar territorio frente a fuerzas contrarias; hay interesados en fijar posición frente al próximo gobierno; y no faltarán quienes se aprovechen de la violencia general para salir de sus rivales inmediatos.
JP.- La historia reciente de Guatemala se divide en dos periodos: una larga guerra civil (1960 – 1996) y otro accidentado proceso democrático que sobrevive desde 1996. ¿Porqué no puede existir una gran concertación nacional para fortalecer la democracia en el país?
RMM.- Solamente hago dos precisiones históricas. No hubo, realmente, una guerra civil, en la que dos partes del país se enfrentaron. Fue un proceso revolución-contrarrevolución,cuya fase represiva comenzó, realmente, con la intervención de Estados Unidos en 1954, para cercenar la “Primavera Democrática” de la Revolución de Octubre de 1944. Se convirtió en conflicto armado interno (lucha entre guerrillas y gobierno), en 1960, período durante el cual el Estado, en aplicación de la doctrina de seguridad nacional, desató su “guerra sucia” contra amplios sectores de la población. El accidentado proceso democrático que los acuerdos de paz echaron a andar el 29 de diciembre de 1996 ha fallado en cumplir dichos acuerdos y, por consiguiente, las causas esenciales del conflicto armado –exclusión, discriminación, explotación—persisten. Por ello es que una gran concertación nacional está fuera de alcance: estamos más cerca de la renovación del conflicto que del fortalecimiento de la democracia. La izquierda, tanto la revolucionaria como la democrática, ha hecho intentos por proponer una opción electoral; pero la derecha, la más intransigente de Centroamérica, se ha preocupado de ahogar sus posibilidades, aparte de los propios errores de la izquierda.
JP.- La violencia, producida por la delincuencia, el crimen y el narcotráfico organizados y la proliferación de actos de corrupción, incrustados en el aparato estatal, inclusive en el sistema de justicia. ¿Qué medidas serían las adecuadas para frenar esta asfixiante ola de violencia?
RMM.- Se han sugerido ya diversas medidas para frenar todo tipo de violencia, tal como la propuesta de seguridad formulada por “El Grupo de los Cuatro” –Iglesia Católica, Universidad de San Carlos, Procurador de los Derechos Humanos e Iglesia Evangélica– pero no ha existido la voluntad política para ponerlas en ejecución. El freno de la violencia pasa no sólo por el mejoramiento de las instituciones para garantizar la justicia, sino por enfrentar las condiciones sociales y económicas que han hecho ya que casi el 15% de la población haya salido del país. Se necesitan recursos y los grandes ricos prefieren gastarse toneladas de dinero en su seguridad personal y no pagar más impuestos para mejorar la seguridad ciudadana. Aducen para justificarse, como en todas partes, los actos de corrupción del gobierno, que lamentablemente son ciertos y abundantes.
JP.- El general retirado Otto Pérez Molina, candidato del derechista Partido Patriota (PP), ofrece ‘mano dura’ en contra de la delincuencia. ¿Será acaso el futuro gobernante ideal para pacificar el país?
RMM.- Otto Pérez –permítame que le quite el segundo apellido, por ser el mío— puede llegar a ganar las elecciones, pese a su muy dudoso pasado, precisamente por ofrecer “mano dura” en un momento en que el país está sumido en la violencia. Pero, en las condiciones fraccionadas del país, eso representa menos del 30% de apoyo real. Como no podrá “pacificar”, se producirá al contrario un incremento de la violencia del Estado, la población le pasará la factura antes de un año. Si encima, cumple con su ofrecimiento de permitir el ingreso de tropas de Estados Unidos para ayudar a combatir el “narcotráfico”, dicho entreguismo le acarreará un desgaste mayor, particularmente si los resultados resultan ser los mismos de Calderón en México. En términos morales y éticos, Otto Pérez no debiese ser ni siquiera candidato, como Sandra Torres tampoco, por no haber aclarado su participación en las campañas de genocidio y tierra arrasada en los 80; la desaparición, tortura y eliminación del Comandante Everardo de la URNG, siendo jefe de la G-2/D-2; y el asesinato del Obispo Juan Gerardi. Con estas sombras sobre su pasado, lejos estará de ser “gobernante ideal”.
JP.- Es la primera vez en la historia política de Guatemala que organizaciones sociales y partidos de izquierda se unen para constituir una alianza. ¿Qué podemos esperar con el Frente Amplio?
RMM.- Para serle sincero, esperábamos mucho más al inicio del proceso electoral, porque en realidad se trataba de una alianza que trascendía la izquierda. La ANN y la URNG-MAÍZ, partidos de izquierda revolucionaria, el MNR, partido de centro-izquierda, y Winaq, partido mayoritariamente indígena de centro-izquierda, se unían al Frente Nacional de Lucha (FNL), el movimiento Tzukkim Pop, la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG), red de migrantes a la que pertenezco, y 65 organizaciones sociales más, para construir el Frente Amplio. Lamentablemente, la definición de candidaturas llevó a la separación de las principales organizaciones del movimiento social y las decisiones y acciones quedaron determinadas solamente por los partidos políticos. Esto ha hecho que las expectativas para el 2011 se hayan disminuido. Aún así, con el trabajo intenso de la militancia y la solidaridad de otros pueblos, no es inalcanzable llegar a ser cuarta o quinta fuerza y obtener un 10% de la votación y unos 10 diputados. Hay que hacer notar que las verdaderas expectativas del Frente Amplio no son para el proceso actual sino para el 2012 en adelante, con posibilidades de cambios fundamentales para 2015.
JP.- El movimiento político Winaq, partido indígena que también integra el Frente Amplio postula a Rigoberta Menchú, a la presidencia y según las encuestas publicadas por medios de prensa, le otorgan pocas posibilidades de victoria. ¿Cuál es su observación al respecto?
RMM.- La candidatura de Rigoberta Menchú no es solamente de Winaq. Ha sido asumida totalmente por todas y todos los que continuamos en el Frente Amplio. En todo caso, con Winaq hay sectores indígenas no revolucionarios y con la URNG-MAÍZ hay sectores indígenas revolucionarios, en un país con alrededor del 70% de indígenas. Observadores externos esperarían, entonces, una victoria de Rigoberta. Es aquí donde los modelos “democráticos” no funcionan. Por diversos motivos, incluidas las campañas millonarias de los partidos de derecha, el silencio de los medios de comunicación, el racismo de nuestras capas medias y el recuerdo del terror en las poblaciones rurales, la mayoría indígena del país no llega a elegir según sus aspiraciones. Desde luego,las propias encuestas juegan su papel. Uno es la forma de hacer las encuestas, que lleva a que las personas pobres sean invisibles y otro es la manipulación de la información por quienes pagan las encuestas. Doy como ejemplo la campaña de 1995, cuando participé con el Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG). En esa fecha, Prensa Libre no nos daba ni 1% en las encuestas de poco antes de las elecciones; obtuvimos el 8% en la votación real, pese a nuestra limitación de espacio y de recursos. Por esto, no es descartable que del 1.7% que Rigoberta tuvo en la encuesta pasada, lleguemos a un 10% en la realidad.
JP.- En la opinión pública guatemalteca se habla de impulsar una reforma constitucional exclusiva para el sector Justicia. ¿Será suficiente para mejorar la administración de la justicia en el país?
RMM.- Como sugerí anteriormente, para combatir la delincuencia y el crimen hay que impulsar políticas integrales en material de seguridad y justicia. La reforma constitucional del sector justicia es muy importante; de hecho, fue una de las derrotas significativas del referendo para modificar la Constitución en 1999, como mandato de los Acuerdos de Paz. Pero no será suficiente. Incluso, se puede mejorar la administración de justicia sin cambios constitucionales, porque se han identificado fallas fundamentales en el funcionamiento actual, con la legislación existente. El problema de la Constitución es más profundo. Tenemos todavía la Constitución de 1985, elaborada bajo tutela militar y estadounidense con los criterios de la doctrina de seguridad nacional. Hay un candado de los sectores de poder en la Corte de Constitucionalidad, que ha garantizado la impunidad por crímenes de lesa humanidad. Urge la reforma constitucional; pero en su conjunto.
JP.- En noviembre próximo tendremos también las elecciones en Nicaragua. No hay Gobierno bueno para la población nica, pero parece que la mayoría está contenta. ¿Qué opina sobre la situación del pueblo nicaraguense?
RMM.- Nicaragua es un país pobre que no pudo darle continuidad a las reformas de la Revolución Sandinista. Depende parcialmente para su subsistencia de la migración hacia Costa Rica y se ha visto limitada en su desarrollo político por las divisiones en el FSLN. Cada vez menos Sandinistas se identifican con el FSLN y, mucho menos, con Daniel Ortega. Un país que sufrió la dinastía de los Somoza durante decenios se va a resistir a cualquier otro tipo de dinastía. Lo mejor que podría hacer Ortega, de haber todavía tiempo para ello, sería desistir a ser candidato presidencial y convocar a un Congreso Sandinista para redefinir el camino. Con ello se le saldría al paso a las intenciones intervencionistas de Estados Unidos y al desarrollo de los sectores de la derecha. De no hacerse esto, Nicaragua se verá ante el dilema de otro período de lo mismo o de la desestabilización imperial.
JP.- “Debemos sentar bases para una verdadera integración entre Centroamérica y Suramérica”, dijo hace un tiempo el presidente del Ecuador, Rafael Correa. ¿A que atribuye que tal discurso no consigue hacer eco ni avanza de manera efectiva?
RMM.- Esta es una pregunta abierta que requiere de mucha tinta para abordarse. Todavía no hay integración centroamericana y poco se ha avanzado en este camino, con tropiezos como el de Honduras, hace poco; gobiernos como el de Guatemala y Panamá; o el aislamiento de Costa Rica. Pero tampoco América del Sur tiene sus condiciones plenas, con situaciones como la de Colombia y recientemente Chile y la amenaza constante del desarrollo neoliberal, que favorece a las élites. Aun así, se ha lanzado el proyecto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), cuya reunión constitutiva no se pudo realizar en Caracas a principios de julio por la enfermedad del Presidente Chávez, que es el primer paso para hacer realidad la propuesta de Correa. El sueño de Bolívar sigue estando presente; pero todavía no es asumido por los sectores poderosos de nuestros países y es opuesto por el poder imperial de Estados Unidos. En síntesis, el discurso consigue eco limitado, por ahora; pero la ilusión sigue latente.
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Nuestro entrevistado Raúl Molina Mejía
Es Profesor Adjunto de Historia en la Universidad de Long Island, Estados Unidos. Imparte cursos de LIU en historia de América Latina y las civilizaciones del mundo, y también imparte cursos sobre Derechos Humanos, Desarrollo Sostenible, y las organizaciones no gubernamentales en la New York University, Escuela de Formación Continua y Estudios Profesionales.
Es titulado postgrado de la Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Guatemala y realizó estudios post-universitarios en Educación para Profesores Universitarios (USAC, Guatemala) y en Tegucigalpa, Honduras, México, DF, y República Federal de Alemania.
En 1980 se vio obligado a exiliarse debido a la dictadura militar en Guatemala.
Por muchos años fue también coordinador de la Universidad Nacional de Comisiones de la Verdad de Guatemala (1998-99), asesor de organizaciones de derechos humanos en Centroamérica, incluyendo CODEHUCA, una federación de ONG de derechos humanos en Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y CONADEHGUA, una federación de organizaciones de derechos humanos en Guatemala (1985-1995).
Miembro fundador de la Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca (RUOG) en 1982, un equipo político y diplomático que presentó el caso de Guatemala a todos los foros internacionales importantes en materia de derechos humanos, en especial de las Naciones Unidas la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos (1982-1998).