La medida fue adoptada por 316 votos a favor, 284 en contra y dos abstenciones, reseñó Prensa Latina.
Con este nuevo programa de recortes sociales, la administración italiana sigue los pasos de otros países europeos como Gran Bretaña, España, Grecia, Portugal e Irlanda.
Italia mantiene desde hace tiempo un crecimiento económico nulo y su deuda pública es cercana a 120% del Producto Interno Bruto (PIB).
El ajuste de 79.000 millones de euros fue defendido por Berlusconi, quien argumentó que será “para el bien de los italianos”, en tanto que Antonio Martino, ex titular del ministerio de Defensa, declaró que el peso de los recortes se hará sentir sobre los más pobres.
El plan prevé la reducción de pensiones, el retraso en la edad de la jubilación, la reducción de los beneficios fiscales y el copago sanitario, medida por la cual los ciudadanos tendrán que abonar 10 euros para visitas a especialistas y 25 euros para los servicios de urgencia que no requieran hospitalización.
A esto se suma la congelación de salarios de los empleados públicos, la reducción de los fondos de las entidades estatales y el pago de una tasa sobre los depósitos bancarios de hasta 1.100 euros para las cuentas superiores a 500.000 euros, además de la privatización de empresas estatales y municipales.
La primera reacción ante el plan aprobado la dio la titular de la Confederación de Industriales, Emma Mercegaglia, quien expresó: “Las medidas se pueden resumir en un alza de impuestos para los trabajadores, sin llegar a tocar los numerosos privilegios de la clase política”.
También decenas de jubilados se movilizaron al Parlamento italiano, donde denunciaron que con las nuevas medidas “nos exprimen como a un limón”.
Según el Instituto de Estadísticas de Italia, 3 millones de personas viven en la pobreza absoluta en el país.