Panorama Alternativo
Buenos Aires.-Un conglomerado de los 6 grupos económicos más poderosos de la Argentina (G-6), conformado por la Unión Industrial, la Sociedad Rural, las cámaras de la Construcción y Comercio, la Bolsa porteña y los bancos nacionales (Adeba), estuvo reunido ayer con la embajadora de los Estados Unidos, Vilma Martínez.
Respondiendo a presiones del gobierno de los Estados Unidos, el principal consumidor de drogas y fabricante de armamento del mundo, el Parlamento argentino aprobó hace dos meses atrás una ley destinada a evitar el “lavado de dinero”. La normativa introducida establece que el lavado es un delito autónomo, es decir que se incorporó un nuevo capítulo del Código Penal denominado “Delitos contra el orden económico y financiero” y esto complica las actividades de los grupos empresarios.
Del mismo modo que los EE UU certifican a los países en materia de lucha contra el narcotráfico, normativa de propiedad intelectual o estándares de calidad, a través del GAFI, con sede en París, determina qué países cooperan y cuáles no en la lucha contra el “lavado de activos”.
Los empresarios preocupados por la nueva normativa que afecta sus ganancias, solicitaron a la embajadora yanqui interceder ante el organismo internacional para que no sea tan duro con la certificación de Argentina. Vilma Martínez les respondió, de acuerdo a lo afirmado por asistentes al encuentro que si bien puede haber una legislación exigente, “Argentina tiene muchas cosas que no están bien”, haciendo referencia al organismo que mide las estadísticas (Indec), el funcionamiento de la Justicia y ciertos procedimientos diplomáticos, como el sucedido con el material bélico estadounidense que ingresó al país y terminó incautado por el Gobierno argentino.
Los Estados Unidos interfieren nuevamente en las políticas internas de la Argentina, lo que podría traer consecuencias en la relación entre ambos gobiernos.