Un sondeo del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, cuya publicación en Perú está prohibida por la ley electoral, fue hecho a nivel nacional y con la modalidad de simulación de sufragio, y arroja 51,8% para el candidato de Gana Perú y 48,2% para la representante de Fuerza 2011.
La diferencia de 3,6 puntos está por debajo del margen de error de la encuesta, lo que significa que persiste el empate técnico.
En tanto, una encuesta de la empresa privada Ipsos Apoyo realizado para clientes privados confidenciales asignó el miércoles pasado el primer lugar a Fujimori, pero otro sondeo de la misma firma divulgado ayer indicó que Humala había pasado adelante con el 50.5%.
La encuestadora Datum también mostró como favorable a Fujimori con un 50,6% frente al 49,4% de GP, aunque con una diferencia menor a la del pasado domingo, cuando la postulante de la derecha se imponía con el 52,3%.
A pocas horas de los comicios, Humala se declaró confiado en ganar la elección en forma holgada y denunció que existen indicios razonables de que el gobierno del presidente Alan García beneficia a su contrincante.
El candidato nacionalista se hizo eco de denuncias periodísticas que revelaron que los servicios de inteligencia son usados contra su postulación.
El periódico La República publicó la transcripción de conversación de miembros del entorno de Humala, registradas mediante interceptación telefónica o con equipos de escucha a distancia, que podrían haber utilizado desde la sede de la policía antidrogas.
La misma denuncia fue presentada días atrás por el diario La Primero como parte del Plan Sábana, una operación de inteligencia y empresarial contra la candidatura de GP.
Por su parte, el gobierno de García aseguró que no hay ninguna posibilidad de fraude en los comicios y el jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), Dante Caputo, afirmó que no existen ningún motivo para alteraciones durante la jornada electoral.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la adopción de medidas para garantizar que los resultados electorales es se ajusten a la voluntad popular expresada en las urnas y así garantizar la transparencia.
Así lo expresó el secretario general del organismo electoral, Roque Bravo Basaldúa.
El funcionario sostuvo que la ley electoral establece las garantías del caso para evitar que ocurra un fraude, debido a que, por ejemplo, la cédula de votación es firmada por lo menos por un personero y por el presidente de mesa.
También mencionó que se ha incrementado el número de oficinas de los Jurados Electorales Especiales, de 38 a 54 en todo el país, y de 5 a 10 en Lima, lo que ya permitió la rápida resolución de los casos en la primera vuelta.