Este proceso se suma a otras causas abiertas para determinar responsabilidades en las muertes de importantes personas en manos de los organismos represivos de la Junta Militar que gobernó Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. Se trata, además de Neruda, del ex presidente socialista Salvador Allende, del ex presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva y del ex ministro de Allende José Tohá, padre de la actual presidenta del partido opositor PPD. A esas causas se suman otras 726 solicitudes de investigación por casos de muertes no aclaradas.
Las dudas las planteó el chofer y asistente personal de Neruda, Manuel Araya, que a comienzos de mayo, en una publicación mexicana, sostuvo que el creador de Veinte poemas de amor y una canción de- sesperada fue asesinado con una inyección aplicada por un doctor y no a causa de la afección que padecía.
El juez citará a declarar a Manuel Araya, pues en la querella se estableció que su “declaración es esencial para el establecimiento de los hechos, por lo que se requiere que a la brevedad ponga a disposición del Tribunal todos los antecedentes de que dispone”.
Además, el magistrado determinó incautar la ficha clínica y otros antecedentes relacionados con la internación de Neruda en la Clínica Santa María y solicitó al Registro Civil datos respecto de la defunción del poeta como el certificado médico. La Policía de Investigaciones quedó así con una contundente orden para indagar.
Según dirigentes del PC, a los dichos de Araya se adicionan diversas declaraciones como, por ejemplo, la del ex embajador de México en Chile Gonzalo Martínez, que estuvo con Neruda un día antes de su muerte.
“Esta querella ha sido presentada porque han surgido versiones que desmienten lo que hasta ahora considerábamos la versión oficial sobre la muerte de Pablo Neruda”, aseguró Guillermo Teillier, presidente del PC chileno.
Algunos recortes de prensa de la época desestimaron la versión dada por la autoridad y se especuló que el asesinato evitaría el exilio de Neruda y su probable rol opositor contra el gobierno de Augusto Pinochet en el exterior.
Con todo, ayer la Fundación Pablo Neruda -que administra todo el legado del poeta, incluida sus casas-museo en Santiago, Isla Negra y Valparaíso- desmintió, a través de un comunicado, la versión de Araya.
“No existe evidencia alguna ni pruebas de ninguna naturaleza que indiquen que Pablo Neruda haya muerto por una causa distinta del cáncer avanzado que lo aquejaba.”
La misiva agrega que “no parece razonable construir una nueva versión de la muerte del poeta, sólo sobre la base de las opiniones de su chofer, el señor Manuel Araya, quien viene insistiendo en este asunto sin más prueba que su parecer”.
Neruda y Allende eran grandes amigos. A partir del 11 de septiembre, día del golpe de Estado que incluyó un cobarde bombardeo a La Moneda y que terminó por derrocar al ex presidente socialista, Neruda vio afectada su salud hasta que falleció por sus complicaciones de un cáncer de próstata, sumado al deterioro emocional y del asedio de las fuerzas golpistas, que arrasaron con sus bienes. Eso hasta ahora.
Araya, de 65 años, en una conversación con AFP, añadió que “el asesino fue Pinochet, que mandó a matar a Neruda para que no se le vaya del país, porque su carácter de intelectual no le convenía para tenerlo de opositor”.
Sin embargo, la fundación describe que el golpe militar, la muerte de Salvador Allende y la persecución desatada contra otros de sus amigos “agravó su estado de salud, hasta el punto de que, en las difíciles condiciones creadas por la represión de esos días, tuvo que ser trasladado de emergencia desde su casa de Isla Negra -en la costa chilena- a la Clínica Santa María, el 19 de septiembre”.
Sin embargo, el ex colaborador del Vate agrega que “lo llevamos a internar por seguridad, porque corría peligro. Estaba preocupado y nervioso, pero bien de salud, temía que lo mataran”.