Ollantay Itzamná

La Organización de Estados Americanos reincorpora al Estado hondureño, luego de cerca de 2 años de expulsión, sin exigirle antes el cumplimiento elemental de principios básicos de justicia.

“No exigimos que resuciten a nuestros muertos. Por justicia pedimos cárcel para quienes instauraron un régimen de la muerte con el golpe de Estado en Honduras. Ahora que la OEA reincorpora al Estado hondureño, como si aquí no hubiera pasado nada, quienes nos masacraron se nos ríen en la cara. No exigimos ni venganza, ni olvido. Exigimos justicia.” Así expresa doña Maira su sentimiento de indignación e impotencia ante el silencio de la justicia y el retorno del Estado hondureño a la OEA.

Frente a este hecho, las y los hondureños se preguntan: Eso del golpe de Estado que molestó incluso a la OEA en su momento, ¿qué fue, un cachondeo? ¿Fueron fantasmas quienes rifle en mano expulsaron al Presidente del país? ¿Dónde diablos están quienes torturaron y asesinaron a más de 200 personas durante y después del golpe?

¿Son ángeles inmaculados venidos del cielo quienes asesinaron a 12 comunicadores sociales durante el régimen actual? ¿Dónde están los autores intelectuales y materiales del golpe de Estado? ¿En qué reclusión penal purga sentencia Roberto Micheletti Bain, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los militares y los congresistas que destituyeron al Presidente, incluso con una firma de renuncia falsificada?

Así se premia a los autores del golpe de Estado en Honduras

Roberto Micheletti Bain fue condecorado como héroe nacional por su cómplice Oscar Andrés Rodríguez (cardenal), nada menos que en el Santuario de la Virgen de Suyapa, en 2010. Hace unos meses atrás, fue denunciado por robar energía eléctrica y no pagar los servicios de agua para sus empresas. Actualmente es uno de los principales apologetas de los golpes de Estado para domesticar a gobiernos progresistas en la región. ¿Acaso éste no es un arquetipo de Frankenstein para la democracia en América?

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (15), que galvanizaron el golpe de Estado, continúan señoreándose y administrando justicia para los suyos y encarcelando a las y los insubordinados en el país. Expulsaron del sistema judicial a jueces que denunciaron la criminalidad de la ruptura del orden constitucional y blindaron judicialmente, de cualquier intento de destitución, al Fiscal General que promovió el golpe. Hicieron la pantomima de juzgar a Manuel Zelaya, por supuestos actos de corrupción, sólo para amedrentarlo. ¡Esta es la justicia que la OEA respalda con su última resolución!

Los políticos que legalizaron el golpe, siguen redactando leyes perversas, en 15 minutos, en el Congreso Nacional. Desde la perspectiva de los interese de empresarios privados, el golpe de Estado tuvo por finalidad legalizar la transferencia rápida a manos privadas de los bienes del país (recursos naturales) Durante el golpe se aprobó la Ley General de Agua (que mercantiliza el agua). Las y los legisladores, en estos dos años del quiebre constitucional, se constituyeron en simples tramitadores de concesiones de ríos, playas, suelos y bosques a manos privadas. ¿Acaso estos actos no son delitos de lesa humanidad?

Se negociaron leyes como la de Plan de Nación y Visión de País (hasta 2038), Ley de inversión Pública Privada (por la que el Estado pierde y los privados ganan), Ley Antiterrorista (que criminaliza la protesta social), Ley de Promoción de Empleo por Horas (que sepulta las 8 horas de trabajo). Derogaron el Decreto 18-2000 que redistribuía tierras a campesinos sin tierra. Ahora, luego de haber reglamentado el reparto de las ciudades modelo, negocian la Ley de Minería, siempre en 15 minutos y a espaldas del pueblo. ¿Es esto democracia para la OEA?

El Gral. Romeo Vásquez V., autor material e intelectual del golpe, fue y es premiado con el cargo de gerente general de la empresa nacional de telecomunicaciones, Hondutel. La Marina Mercante y Migraciones son premios entregados a militares que ejecutaron el golpe. René Osorio, militar que encabezó al pelotón de armados que irrumpió en la casa presidencial el 28 de junio de 2009, ahora, es el Jefe de las FFAA de Honduras.

La persecución, seguida de tortura y asesinato, es una política de Estado vigente en el régimen actual. En estos momentos persiguen con una querella al Obispo Luis A. Santos sólo porque se opuso al golpe de Estado y al régimen de la muerte instaurado en Honduras, país en la que cada 43 minutos cae una persona acribillada a bala.

En este contexto, la OEA, con su última resolución, no sólo legitima a los autores del golpe de Estado premiados en Honduras, sino que justifica el retroceso de más de un siglo en materia de derechos humanos en el país, y la reincorporación del golpe de Estado en la democracia latinoamericana del siglo XXI. Los gobiernos del continente que permiten el retorno de Honduras al seno de la OEA, en las condiciones actuales, cavan su propia tumba (y la de sus sucesores) en la que sus tiranos, más temprano que tarde, los enterrarán.