Por Eva Golinger
“Los programas de la Embajada a través de USAID/OTI en apoyo a la democracia y la sociedad civil son vitales para preservar y fortalecer las instituciones y prácticas democracias que quedan en Venezuela”. Así comenzó un cable enviado al Departamento de Estado del Encargado de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John Caulfield, a principios de marzo 2009 solicitando 3 millones de dólares adicionales para ayudar las gobernaciones y alcaldías ganadas por la oposición en noviembre 2008 y para preparar las campañas electorales del 2010. El presupuesto que ya manejaba la Embajada para financiar la oposición en Venezuela en 2009 era de 7 millones de dólares.
“Debido a que las elecciones de noviembre 2008 y el referéndum de febrero 2009 crearon un nuevo mapa político para Venezuela, la Embajada solicita tres millones de dólares más para incrementar los esfuerzos con los gobiernos estatales y municipales recién electos, además de continuar programas para fortalecer la sociedad civil y preparar las próximas elecciones en 2010”.
Según el documento oficial, el objetivo de la embajada estadounidense en Venezuela era trabajar con las gobernaciones y alcaldías de la oposición para “fortalecerlas” con dinero y apoyo estratégico desde Washington. Al mismo tiempo, el cable evidencia una vez más la grave intromisión de Estados Unidos en la política interna de Venezuela. “Nuestros programas hasta la fecha han sido exitosos en aumentar el pluralismo político en Venezuela, y reforzando nuestros esfuerzos es necesario para contrarrestar el autoritarismo creciente del gobierno de Chávez”.
A través de la Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos (USAID), un brazo financiero del Departamento de Estado, y su Oficina de Iniciativas hacia una Transición (OTI), que se estableció ilegalmente en Venezuela en 2002 para promover acciones contra el gobierno de Hugo Chávez, el gobierno de Estados Unidos ha canalizado fondos multimillonarios a sectores anti-chavistas en Venezuela durante los últimos 9 años. Este último documento oficial divulgado por Wikileaks revela que no solamente desde Washington solicitaban el dinero para financiar la oposición venezolana, sino que la propia Embajada en Caracas solicitaba y manejaba fondos millonarios para financiar actividades políticas en el país suramericano, en plena violación del Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticos y Consulares.
El cable de la Embajada también destaca como gastaron los 10 millones de dólares en diferentes actividades políticas en Venezuela: 5 millones fueron para apoyar las gobernaciones locales de la oposición; 4 millones para las ONGs que trabajaban con temas de derechos humanos, participación democrática y el movimiento estudiantil/juvenil de la oposición; y 1 millón para apoyar las preparaciones para las elecciones de la Asamblea Nacional en 2010. Posterior a este financiamiento, en 2010, las agencias estadounidenses y algunas europeas otorgaron 57 millones de dólares a los grupos opositores para apoyar sus campañas electorales.
Sin EEUU, la oposición no sobrevive
Para justificar el incremento en financiamiento a la oposición en Venezuela, Caulfield afirmó en el cable que “Sin nuestra asistencia continua, es posible que las organizaciones que nosotros ayudamos crear…podrían ser forzadas a cerrar…Nuestro financiamiento asegurará que esas organizaciones tengan una línea de vida muy necesaria”.
Esta afirmación del alto funcionario de la Embajada evidencia aún más que la oposición en Venezuela depende totalmente de Estados Unidos. Como dijo Caulfield, Washington hasta “ayudó crear” las organizaciones de la oposición en Venezuela, como Súmate, Radar de los Barrios, el movimiento estudiantil, Espacio Público, Instituto Prensa y Sociedad, Ciudadanía Activa, Futuro Presente, Nuevas Generaciones, Liderazgo y Visión, e incluso partidos políticos como Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Sin el dinero estadounidense, estas organizaciones no existirían, afirma el mismo representante del gobierno estadounidense.