“El Gobierno de Colombia rechaza categóricamente esa decisión y desestima las acciones y la competencia de autoridades judiciales extranjeras en contra de quienes libraron una operación legítima en defensa de la seguridad nacional y de la población civil”, afirmó la titular de exteriores en un comunicado.
“El Estado colombiano con sujeción al Derecho Internacional Humanitario, adelantó la Operación Fénix en contra de un campamento de las FARC que llevaba a cabo acciones terroristas en contra de la población colombiana, esa operación reiteramos constituye un acto de Estado contra reconocidos terroristas internacionales”, señaló.
Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos manifestó este sábado, durante la reunión de Acuerdo para la Prosperidad que se adelanta en Barranquilla, todo su apoyo a los funcionarios militares y policiales que participaron en la Operación Fénix.
«Todos los oficiales, los suboficiales, los soldados de tierra, mar y aire, y los policías que participaron en la operación lo que merecen es el aplauso, el apoyo y la admiración no solamente del pueblo colombiano, sino del mundo entero», dijo.
Similar posición tomó el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, quien rechazó la decisión del tribunal de Sucumbíos de llevar a juicio a los funcionarios de su país por el bombardeo de 2008.
“Acción contra las FARC donde murió Raúl Reyes fue una decisión de Estado, por lo tanto la defensa de nuestros Generales es un deber de Estado”, consideró.
La Sala Única de la Corte de Justicia de la provincia de Sucumbíos (Ecuador), convocó a un juicio este viernes para procesar a mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía y Ejército de Colombia luego de que éstas invadieran el territorio ecuatoriano para desmantelar un campamento de las FARC en marzo de 2008.
Los enjuiciados serían el excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia Freddy Padilla, al director de la Policía, Oscar Naranjo; al excomandante del Ejército Mario Montoya, al general Jorge Ballesteros, al excomandante de la Armada Guillermo Barrera y al teniente coronel Camilo Álvarez.
Los magistrados del tribunal ecuatoriano respondieron a una alegato realizado por la Fiscalía de la nación que estableció que “existen presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito” de asesinato.
El primero de marzo de 2008, una acción aérea y terrestre colombiana denominada Operación Fénix, violó el espacio ecuatoriano y bombardeó un campamento en el que murieron 25 personas, incluido el número dos de las FARC, Raúl Reyes.
El ataque, sin permiso ni aviso, originó la ruptura de las relaciones entre Bogotá y Quito, que fueron restablecidas poco después de que el presidente colombiano asumiera el poder de su país.