La batalla de los gobernadores republicanos para reducir las prestaciones sociales de sus funcionarios y socavar el poder de sus organizaciones sindicales se generaliza en Estados Unidos. El pasado jueves, Nueva Jersey, un Estado tradicionalmente progresista, aprobó el mayor recorte en las pensiones y planes de salud de sus 750.000 empleados públicos y sus jubilados, una medida que ha generado, como pasó en Wisconsin a principios de año, contundentes manifestaciones de protesta.
La ley, que afecta a los casi 500.000 empleados públicos y 260.000 pensionistas, implica que los funcionarios tendrán que pagar mucho más por su cobertura médica. Antes se les quitaba sólo el 1,5% del sueldo para financiar su plan de salud. En el futuro pagarán entre el 3% y el 35% del coste de su poliza médica en función del salario. La contribución a las pensiones pasa de suponer el 5,5% al 6,5% de sus ingresos salariales. La edad de jubilación se eleva de 62 a 65 años y ninguna de las prestaciones podrá ajustarse al IPC.
Los recortes, afirma Christie, servirán para paliar el déficit colosal de este Estado, cuyo fondo de pensiones tiene un agujero de 54.000 millones de dólares. Se estima que en total Nueva Jersey podría ahorrar unos 130.000 millones de dólares en las próximas tres décadas.
Christie se ha puesto como ejemplo para el resto de EEUU. “Todo el mundo debe tomar riesgos”, declaró el gobernador, “estamos defendiendo a la gente y nos hemos atrevido a tocar este pilar [por los sindicatos] para reformar un sistema insostenible”. Incluso aseguró que el Congreso deWashington y el presidente Barack Obama “podrían aprender” de su iniciativa.
El plan republicano ha creado una escisión entre los demócratas locales. Algunos han apoyado la medida, otros la han denunciado. Ángel Fuentes, representante de la localidad de Camden, aseguró que “las reformas eran píldoras amargas difíciles de tragar, pero razonables y necesarias”. Pero Patrick J. Diegnan Jr., su colega de partido del condado de Middlesex, condenó los recortes, afirmando que “no se trataban de ahorro, sino de romper la espalda a todos los trabajadores del Estado”.
El jueves, miles de personas acudieron al Parlamento local a manifestarse. Algunos llevaban banderas con el lema “el alma del partido demócrata”, mientras otros gritaban “Muerte a la ley”, “Nos acordaremos en noviembre”, en referencia a las presidenciales de 2012. A Christie, que fue elegido en 2009, le quedan todavía dos años de mandato.
Nueva Jersey se enfrenta, como el resto del país, a serios problemas económicos y no es el único estado en verse obligado a tomar medidas extremadamente impopulares. Esta semana, el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, negoció con sus funcionarios un acuerdo parecido, aunque menos drástico que el de Christie; los sindicatos públicos que representan a los funcionariosque tuvieron que aceptar una congelación salarial de tres años y contribuir sustancialmente a sus planes de salud. Pero a diferencia de Nueva Jersey, las negociaciones se llevaron a cabo sin mayores polémicas.
Lucha ideológica
Además de una batalla económica se trata también de una lucha ideológica. La medida de Christie no sólo afecta a las prestaciones sociales de sus funcionarios, sino también a sus derechos. En Nueva Jersey los sindicatos no tienen tanto poder de negociación colectiva como en otros estados como Wisconsin, pero la medida del gobernador recorta el margen del que disponían para negociar las prestaciones de salud.
La iniciativa de Christie se parece precisamente a la tomada por su colega conservador, el gobernador de Wisconsin, Chris Walker, que tanta polémica ha despertado. Walker presentó la ley a principios de año y, después de un culebrón legal, el tribunal supremo local confirmó la validez de la normativa, que debería empezar a aplicarse el próximo 29 de junio.
La ley recorta los salarios de los empleados públicos, les hace pagar el 12% del coste de su seguro médico y la mitad de su plan de pensiones, y sobre todo elimina su derecho a llevar a cabo cualquier negociación colectiva que no sea estrictamente salarial. La iniciativa republicana provocó violentas protestas. Decenas de miles de manifestantes ocuparon el capitolio durante semanas y los senadores demócratas huyeron del estado para evitar participar en una votación adversa, convirtiendo a Wisconsin en el foro del debate nacional sobre los derechos sindicales.
Socavar el poder sindical
Pero no es sólo Wisconsin. También Ohio e Indiana. Las últimas ofensivas de los gobernadores conservadores para despojar a los sindicatos de funcionarios de sus derechos obedecen a una estrategia republicana destinada a socavar uno de los cimientos del partido demócrata y desviar su atención, y sobre todo sus fondos, de las elecciones de 2012, que ya han entrado en precampaña.
El pasado marzo Ohio aprobó una ley promulgada por los congresistas republicanos que despojó a sus 350.000 funcionarios públicos de, entre otras cosas, su derecho a la huelga. También limitó la negociación colectiva al tema salarial, excluyendo todo lo relacionado con los planes de salud o las pensiones, y supeditó el proceso a la autoridad de los responsables locales, mayoritariamente conservadores, que, en caso de desacuerdo, tendrían la última palabra.