Fernando García
La vanguardia
Una mañana de 1972 ó 1973, ni siquiera el año está claro, dos soldados del ejército brasileño apresaron al campesino Sinesio Martins Ribeiro en la población de Xambioá, estado de Tocantins, al norte del país. El hombre, de 48 ó 49 años por aquel entonces, no había hecho nada. Sólo estar allí, cerca del cuartel establecido por los militares, y lucir la presencia necesaria para convertirse a la fuerza en cazador y ejecutor de los guerrilleros venidos de las grandes ciudades.

Los soldados embarcaron a Sinesio en un helicóptero; le pertrecharon con una mochila, una escopeta y “una bolsa plástica gruesa” donde meter las cabezas de los hombres abatidos, y, junto con un par de compañeros de desgracia, le obligaron a saltar de la aeronave y le recordaron su misión con explícitas órdenes e inequívocos gestos: tenía que rastrear a la presa y devolver la bolsa llena; y si trataba de escapar… “Nos hacían así”, cuenta Sinesio moviendo su pulgar de lado a lado del cuello.

Los guerrilleros así perseguidos habían llegado a primeros de los 70 a la región del norte de Brasil conocida como Araguaia, en las inmediaciones del río del mismo nombre; dentro del triángulo que forman los estados de Pará, Goiás y Maranhao. Eran poco más de 60 o 70 militantes de la izquierda radical, la mayoría estudiantes y profesionales, dirigidos por el maoísta Partido Comunista do Brasil (PC do B).

Los habitantes de las remotas de Araguaia vivían en medio de la naturaleza. Pescaban en los canales del río, criaban animales, recogían castañas y cultivaban arroz, mandioca y maíz. Sabían orientarse por la selva y seguir el rastro de un venado. Su territorio era a menudo invadido por los dueños de grandes haciendas.

Cuando los jóvenes guerrilleros llegaron a la zona y empezaron a hablarles de derechos, a proporcionarles medicamentos y a comprarles su miel o su harina, muchos campesinos simpatizaron con ellos.

El ejército de la dictadura no tardó en desplegar a miles de hombres para acabar con la guerrilla. Los militares, disfrazados al principio de ingenieros agrónomos, actuaron sin piedad. Las denuncias y confesiones posteriores hablan de torturas y asesinatos, tanto de los propios guerrilleros como de los campesinos que se resistían a colaborar en su rastreo y ejecución; de hombres obligados a bailar sobre latas abiertas o arrojados a un hormiguero para que delataran a los activistas. Los cadáveres fueron objeto de “operaciones limpieza” que incluyeron exhumaciones y traslados a escondrijos.

Los sucesos de Araguaia –tal vez el capítulo más siniestros de los años de plomo de Brasil (1964-1985)– aparecen detallados en el sumario 82.0024682-5, abierto en 1985 a instancias de los familiares de 25 desaparecidos hace dos años, así como en la investigación abierta en el 2009 por la juez federal Solange Salgado. La Fiscalía grabó en DVD varios testimonios de campesinos obligados a colaborar con el ejército. Entre ellos el de Sinesio Martins, que con una contundente sencillez explica su participación en cacerías que se saldaron con dos muertes.

El Gobierno de Dilma Rousseff, ex activista y ella misma víctima de la tortura, impulsa ahora la que debe ser la primera investigación sistemática a cargo del Estado de los asesinatos, desapariciones, torturas y violaciones de derechos humanos en 21 años de dictadura castrense. Será a través de una comisión de la verdad cuyo proyecto el Parlamento prevé someter a votación en julio. Las muertes y desapariciones estimadas rozan el medio millar, incluidos 62 guerrilleros de Araguaia.

El Ejecutivo obra con celeridad pero con tiento en las negociaciones preparatorias de la comisión, que en principio no presupone la persecución penal de los criminales. Pero la presión de familias y ex militantes crece. El asunto es materia de intenso debate y hasta de acusaciones a Rousseff por supuestas cesiones a los militares. Con todo, la comisión es un paso crucial para que Brasil entre por fin de lleno en el camino a menudo escabroso de la memoria.

– Archivos copiados en secreto verán la luz en internet.

Los documentos sumariales de 707 procesos a cargo del Tribunal Superior Militar de la dictadura brasileña verán pronto la luz en internet. Las actas, con pruebas de torturas, están recogidas en un millón de copias en papel y 543 rollos de microfilme. Un grupo de abogados fotocopiaron en secreto los textos entre 1964 y 1979 aprovechando que la ley permitía a las defensas examinar los procesos durante 24 horas. La idea partió de la letrada Eny Raimundo Moreira. El grupo recibió apoyo del entonces cardenal de São Paulo Evaristo Arns y el reverendo presbiteriano Jaime Wright, que microfilmaron los documentos y los enviaron a Ginebra y Chicago. El material ya se utilizó en un libro editado 31 veces. La archidiócesis de São Paulo se lo ha entregado a la Universidad de Campinas, que se ha comprometido a difundirlos en la red. El proceso concluirá en un año.